29 de enero 2007 - 00:00

Escándalo Greco: cree UCR que Miceli ordenó el pago

El radicalismo del Senado sólo dejó pasar las vacaciones de enero para volver a atacar al gobierno por las sospechas en el pago de la deuda al ex Grupo Greco. Hoy le enviarán un pedido de informes a Felisa Miceli -con copia a Alberto Fernández y a la Auditoría de la Nación- para saber quién apuró el pago en Economía y ordenó incluirlo en una frustrada emisión de nuevos bonos. Plantearán a la funcionaria una pregunta espinosa: ¿por qué, ante la duda, no se frenó este pago como sí se hizo con el caso Meller, a pesar de existir una orden de la Corte? Eso sólo ocurrió cuando este diario reveló ese "affaire".

Felisa Miceli
Felisa Miceli
El radicalismo presionará hoy a Felisa Miceli para que aporte mas información sobre la cadena de decisiones que llevó a que el Poder Ejecutivo le pidiera al Congreso que autorizara una emisión de bonos para pagar la deuda que el Estado mantiene con los integrantes del ex Grupo Greco, por un monto que pone en duda y que motivaron no sólo un escándalo en el oficialismo sino ya dos investigaciones en la Auditoría General y el propio Ministerio de Economía.

En medio del ambiente de campaña, la UCR -liderada en esto por el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Ernesto Sanz- presentará hoy una nota al gobierno dirigida a la propia ministra, donde puntillosamente solicita información sobre los controles que se hicieron para autorizar esa deuda y la defensa que tuvo el Estado nacional frente al juicio iniciado por los Greco-Basil ante el incumplimiento del acuerdo que habían firmado en 1987 con el gobierno de Raúl Alfonsín, momento en que se comprometió la compensación de deudas mutuas.

El interrogatorio que le llegaráa Miceli hoy desde el Senado incluye la recopilación más exhaustiva que se haya conocido hasta ahora de las posibles causas por las que se hubiera cometido un ilícito en el intento de pago de esa deuda, ahora congelado en el Congreso frente al escándalo desatado cuando el gobierno incluyó los $ 578 millones en bonos para los Greco dentro del rubro «pago a proveedores», en una maniobra que aún no tiene explicación.

Los senadores radicales optaron por no esperar a que se reinicie el período ordinario de sesiones y hacer votar así un pedido de informes en el recintoy procedieron a enviar el interrogatorio a Miceli con copia a la Auditoría General de la Nación -organismo que ya interviene en la investigación por haber sido ordenada por unanimidad por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas-, a la ex radical Marta Oyhanarte, subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete, como encargada de hacer cumplir la reglamentación presidencial sobre Acceso a la Información Pública, y a Alberto Fernández.

  • Interrogantes

    El pedido de informes que recibirá hoy la ministra comienza preguntando cómo se determinó el monto indicado como obligación a cancelar al Grupo Greco y si existen informes por escrito que lo avalen. Los senadores quieren conocer la relación entre el monto que la Justicia ordenó pagar a los Greco en el juicio y el que Economía ordenó emitir en bonos para realizar la cancelación.

    Otro de los puntos continúa con una insistencia que los radicales vienen haciendo sobre el tema: «¿Están consideradas en la determinación de dicho monto las obligaciones pendientes de cumplimiento y a cargo del Grupo Greco con el Estado nacional?», se pregunta Morales. Argumenta el senador radical que existieron obligaciones cruzadas entre el Estado y los Greco incluidas en el acuerdo de 1987 y que ni los abogados del Fisco ni el Ministerio de Economía incluyeron en el cálculo debidamente las obligaciones del ex grupo mendocino y de ahí el abultado monto final de la deuda.

    También se interroga sobre el comportamiento de la Procuración del Tesoro en todo el trámite del juicio contra el Estado y de los abogados que intervinieron en defensa de éste. Existe el convencimiento de que en diciembre de 2001, cuando la Justicia falló en favor de los Greco-Basil, los abogados apelaron primero esa sentencia y luego desistieron de continuar el trámite recomendando, inclusive, que se llevara adelante el pago a los ex integrantes del grupo.

    Otro de los puntos oscuros de toda la historia fue la ausencia de una auditoría en el proceso de análisis de la deuda: «¿Intervinieron la Unidad de Auditoría Interna (UAI) y la SIGEN en el trámite de consolidación de la deuda? ¿Hubo alguna objeción respecto del procedimiento de determinación del monto que en definitiva se remite para cancelación?», se preguntan.

    Pero el punto más complicado del informe es el que remite la historia reciente, es decir, al momento en que el Ministerio de Economía incluye la deuda con los Greco-Basil en el proyecto de ley para autorizar la emisión de bonos y lo gira bajo la imputación de «pago a proveedores»: «¿Qué funcionario -o funcionarios- realiza la solicitud del monto a incluir en el pedido realizado mediante proyecto de ley ante el Congreso de la Nación?», preguntan Morales y Sanz.

    Aunque técnicamente haya diferencias importantes en cuanto a los procedimientos y el tipo de deuda, los radicales insisten en hacer paralelismos entre el caso Meller durante el gobierno de Carlos Menem y el caso Greco. Por eso se preguntan ¿por qué el Ministerio de Economía y Producción no actuó de la misma manera «en que lo hicieron las anteriores autoridades del mismo ministerio en el caso Meller que fuera una de las causales de juicio político al Dr. Moliné O'Connor, a pesar de las intimaciones realizadas por la Justicia con amenazas de sanción que iban desde aplicación de astreintes hasta arresto?».

    En ambos casos, la Justicia -en el caso Meller fue la propia Corte Suprema- ordenaron pagar las deudas presionando al Ministerio de Economía con conminaciones judiciales y multas. Pero, a pesar de la orden de la Corte, en el caso Meller el Estado no pagó e inició una investigación, lo que no sucedió en el caso Greco donde el pago se suspendió por el escándalo armado por los senadores al momento de analizar el proyecto a raíz de la publicación del caso en este diario.

    Morales y Sanz avanzan con el interrogatorio con más información que la conocida públicamente. La Auditoría y ex funcionarios del propio Ministerio de Economía dejaron su huella en el pedido de informes. Por ejemplo, cuando se interroga sobre la actuación del Servicio Jurídico del ministerio y el análisis de la consistencia y monto de la deuda a pagar a los Greco. Junto con ese informe se le pide a Miceli que ponga a disposición del Senado los informes internos que se hubieran ordenado para proceder a la cancelación de la deuda o eventualmente la orden de no pagar o una advertencia sobre el caso al jefe de Gabinete, si es que existieron.
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