Pocas horas después de que la agencia de calificación Moody's rebajara la nota de la deuda de España por sus dudas sobre el costo de la reestructuración del sistema financiero, el Congreso convalidó un decreto ley dirigido precisamente a reforzar a los bancos y cajas de ahorros del país.
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La nueva norma exige a las entidades financieras que cotizan en Bolsa un mínimo de capital básico, es decir, recursos propios respecto a los activos del 8%. En el caso de las entidades no cotizadas ese margen se eleva al 10%.
El decreto del gobierno socialista fue aprobado con 177 votos a favor, ocho en contra y 157 abstenciones, éstas últimas del conservador Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
La norma va dirigida sobre todo a las cajas de ahorros, ya que éstas, al contrario que la mayoría de los bancos españoles, acusaron en mayor grado durante la crisis el derrumbe del sector inmobiliario y de la construcción, debido a la gran cantidad de hipotecas y créditos concedidos a familias y promotores.
El aumento de la morosidad contribuyó a que muchas de esas entidades tuvieran problemas de solvencia. Según la reforma aprobada, aquellos cajas y bancos que no alcancen el nivel requerido tendrán 15 días para comunicar al Banco de España la estrategia que llevarán a cabo para conseguirlo, la cual deberá incluir la forma en la que se captarán los recursos de terceros y la salida a Bolsa de las entidades.
Si la entidad tiene que solicitar ayuda pública al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), deberá presentar también, en el plazo de un mes, un plan de recapitalización.
Aquellas cajas de ahorros que tengan que demandar ayuda pública mediante el FROB tendrán tres meses para convertirse en bancos, mientras que aquellas que prevean salir a Bolsa contarán con un plazo de 13 meses, seis más de lo que estaba previsto inicialmente.
Mientras que el gobierno español calcula que el coste de esta reestructuración será de unos 20.000 euros, Moody's lo elevó en su informe a por lo menos 50.000 millones de euros.
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