Está listo el decreto para aumentar tarifas

El ministro Roberto Lavagna anunció oficialmente el viernes que elevó al presidente Eduardo Duhalde un decreto de necesidad y urgencia para subir las tarifas de gas y electricidad a partir del 1 de diciembre. Según fuentes confiables del gobierno, el decreto ya está acordado con el Presidente, al punto que fue él mismo el que obligó a bajar el porcentaje promedio de aumento.

Sin embargo, el decreto no fue firmado, porque el gobierno sabe que tiene poco futuro y que va resultar impugnado por la Justicia. Es, por el momento, sólo un proyecto para que Lavagna pueda mostrar a partir de hoy en su gira por Europa a los accionistas de las empresas privatizadas que el gobierno está convencido de que las tarifas deben subir. Si hubiera sido firmado por Duhalde, el ministro corría el riesgo de que la Justicia suspendiera el decreto antes de terminar la gira.

El aumento iba a ser de 10% promedio para ambos servicios, pero, según el anuncio oficial, será de 9% para la luz y de 7,2% para el gas. Pero igualmente se trata de subas promedio. Esto significa que como en el promedio entran los usuarios que consumen menos y que no tendrán incrementos, el alza efectiva será más alta para residenciales medios y altos y para la industria y el comercio.

Puede estimarse que el aumento para domicilios rondaría 10% más la suba proporcional de los impuestos en ambos servicios, mientras el aumento sería de 12% a 13% para la industria en gas y de alrededor de 14% en electricidad.

Desde el punto de vista de los ingresos de las empresas, que es a lo que se refiere el Fondo Monetario, las distribuidoras y transportistas de gas tendrían una recomposición de 12% en cada caso, mientras que en la electricidad, las distribuidoras percibirían 16% más y las transmisoras 9% adicional.

Con todo, cada vez son mayores las dudas sobre la viabilidad del decreto. El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se unió a los cuestionamientos, y la Justicia podría suspender la norma, por no haberse consultado previamente a los usuarios. Como la participación de los consumidores es un derecho constitucional, se cree que la norma ni siquiera tendría respaldo en la Corte Suprema.

El conflicto judicial más importante que se recuerda fue el del rebalanceo de las tarifas telefónicas. El decreto del Ejecutivo fue suspendido en primera y segunda instancia en varios fueros del país, y sólo tuvo fallo favorable en Córdoba. Sin embargo, la Corte lo aprobó por considerar que el Ejecutivo tiene derecho a fijar tarifas. Pero en ese caso, había habido audiencia pública.