"Están inflados 1.000% los reclamos contra la Argentina"

Economía

Oscar Guglielmino, procurador del Tesoro de la Nación, denunció que en los tribunales del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), perteneciente al grupo del Banco Mundial, «pasan cosas francamente irregulares» y que la organización «se está desnaturalizando en un negociado de unos pocos abogados».

El funcionario, encargado de la defensa del país en las causas iniciadas en el exterior, donde litigan entre otras varias privatizadas, destacó también que los reclamos contra la Argentina se encuentran «inflados 1.000%», pero que igualmente al gobierno «no se le cruza por la cabeza desconocer los laudos de ese tribunal».


Si bien Telefónica y Telecom han dado de baja sus pretensiones entre febrero y marzo de este año, después de llegar a acuerdos con el gobierno, el país todavía mantiene cerca de 40 causas pendientes de arbitraje internacional por un monto de 17.000 millones de dólares. Para el procurador, la gran mayoría de los casos tendrá el mismo destino, ya que «las negociaciones se están haciendo de una manera hiperacelerada», y la tarea de su repartición será «dar formato jurídico al trabajo realizado por los departamentos técnicos de Planificación y Economía».

Periodista:
¿Cuál es la estrategia para intentar solucionar los reclamos en el CIADI?

Osvaldo Guglielmino: Es avanzar con las renegociaciones, lo cual se está haciendo de una manera hiperacelerada. El gobierno está trabajando muy bien en eso. La Procuración aparece después y le da formato jurídico al trabajo que hacen los departamentos técnicos de Planificación y Economía, quienes van acordando sector por sector. Ellos son los que tienen el mérito.


P.:
¿Cree usted que todos los reclamos se resolverán por la vía de la negociación?

O.G.: No todos, pero la gran mayoría seguramente. Hay casos difíciles que son los que no están prestando servicios ni tienen negocios puntuales hoy en el país. Hay otros, como Siemens, que si bien tiene otros negocios acá, se aferra al reclamo por el tema DNI obcecadamente. Pretende llevarse 580 millones de dólares por un negocio en el cual sólo invirtió u$s 15 millones. El reclamo es casi todo lucro cesante. Igual ni se nos cruza por la cabeza un laudo negativo, sería una implosión del derecho.


P.:
¿En qué basan las empresas sus reclamos?

O.G.: En general, dicen que fueron expropiados por la devaluación, por la pérdida de valor en dólares de sus inversiones. Pero lo cierto es que ahora sus activos valen más que en 2001. La realidad económica está desalentando a los demandantes. No pueden sostener que dentro de contratos de 30 años promedio haya que indemnizarlos por los años en los que les fue mal, sin considerar los que ganaron. La pretensión es ridícula. En realidad las empresas disfrazan las violaciones a los contratos, que quedarían sometidas a la Justicia nacional, como expropiaciones, lo que sería violatorio de los estándares del CIADI.


P.:
¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos en las defensas?

O.G.: Los tratados de protección de las inversiones reconocen tres causales para justificar los reclamos: discriminación, expropiación, y la falta de trato justo y equitativo. No es difícil defenderse de la imputación de discriminación, ya que es público y notorio que quienes más padecieron la crisis fueron los argentinos. Por otro lado, es patente que quien expropia se queda con lo expropiado. Este tampoco fue nuestro caso, no se nacionalizaron las empresas. Por último, no hubo un trato injusto del Estado. El fin de la convertibilidad que perjudicó a las empresas no lo determinó el Estado, sino el mercado, algo que la Ley de Emergencia hizo nada más que patentizar. Excluida la voluntad del Estado, no se le puede imputar responsabilidad en el perjuicio.


• Defectos graves

P.: ¿Cómo está funcionando el CIADI?

O.G.: Tiene en su diseño defectos graves. Por un lado, no se paga tasa de Justicia, por lo que las demandas están infladas hasta 1.000%. Esto encarece el proceso para las empresas, que pagan de honorarios de abogados 5%, y debilita a su vez nuestra posición, porque nos obliga a demostrar que el perjuicio para la empresa es mucho menor. Por otro lado, los árbitros trabajan también como abogados, no son jueces profesionales. Esto da lugar a que pasen cosas francamente irregulares, que dejan a los estados indefensos. Es necesario asesorarse para ver las conexiones que tienen las empresas y sus letrados con los miembros del tribunal, y así evaluar los conflictos de intereses.


P.:
¿Se vio perjudicado el país por alguna irregularidad?

O.G.: Sí. Por ejemplo, detectamos que el presidente del tribunal en el caso Azurix y en el Siemens, Andrés Rigo Sureda, trabajaba en un estudio que llevaba una causa contra la Argentina. Además, el abogado demandante era presidente en otro tribunal donde el estudio de Rigo Sureda era parte. El mundo del derecho está todavía con la boca abierta. Rigo Sureda en vez de desistir del arbitraje desistió del estudio en el que trabajaba, reconociendo que teníamos razón. Pero, la recusación que presentamos fue rechazada sin fundamentos, algo extrañísimo en el mundo del derecho. Creo que una organización creada para ayudar a los estados y a los inversores a solucionar los problemas rápido y fácilmente se está desnaturalizando en un negociado de unos pocos abogados que ganan fortunas.


P.:
El único fallo que enfrentó el país no fue favorable y se le reconoció a CMS el derecho a cobrar una indemnización. ¿Cambiará la estrategia de defensa por el resultado adverso?

O.G.: No, continuaremos con los mismos lineamientos. Fuimos a lo largo de los procesos mejorando la explicación de nuestra posición, destacando que a los que invirtieron en la Argentina no se los puede aislar del impacto de la crisis que sufrieron todos los habitantes del país. Muchos comerciantes locales se vieron perjudicados y no por eso reclaman indemnizaciones al Estado. El precio de los activos localesbajó en dólares para todos y no por eso se consideran expropiados.


P.:
¿Cuáles son entonces los pasos que siguen en esa causa?

O.G.: Pedimos la anulación del laudo, que será resuelta de acá a dos años por un tribunal ad-hoc a conformarse.


P.:
¿Y qué pasa si vuelve a ser negativo? ¿ Puede llegar a desconocerse el fallo?

O.G.: Al gobierno no se le cruza por la cabeza desconocer los laudos del tribunal o negar sus compromisos. La Argentina es un país pro inversor donde queremos garantizar absolutamente la seguridad jurídica. Si no fuese así no estaríamos litigando, pero estamos respetando a ultranza las reglas y defendiéndonos dentro del derecho internacional, el cual no termina en el laudo CIADI. Hay instancias posteriores que ya tenemos analizadas.


P.:
¿Pero cómo impacta toda esta litigiosidad en la capacidad del país de atraer inversiones extranjeras en el futuro? ¿No se volverán reticentes?

O.G.: La Argentina va a ser vista muy positivamente y va a salir fortalecida, ya que atravesamos la peor crisis de la historia y en tres años vuelve a haber numerosas oportunidades de negocios.


Entrevista de Martín Lalín

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