La preocupación central gira en torno al incumplimiento sistemático del marco normativo vigente y los persistes riesgos cambiarios e inflacionarios.
Los informes del propio FMI sobre los acuerdos de 2018 y 2022 reconocen errores graves. El nuevo acuerdo repite patrones similares.
Argentina está a punto de cerrar la negociación por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el tercero en apenas siete años, en un contexto de marcada fragilidad institucional y económica, según alertaron especialistas.
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Según un reciente trabajo conjunto de Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Recourse, desde una perspectiva técnica, la preocupación central gira en torno al incumplimiento sistemático del marco normativo vigente.
En ese marco, aseguran que a pesar de un fuerte ajuste fiscal y la baja en la emisión monetaria, persisten riesgos cambiarios e inflacionarios, con reservas internacionales en mínimos históricos y un entorno social crecientemente conflictivo.
El documento al que accedió Ámbito indicó que el Poder Ejecutivo evitó deliberadamente al Congreso nacional en el proceso de aprobación inicial del acuerdo, vulnerando tanto la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública como el artículo 75 de la Constitución Nacional. "Este proceder implica no solo una falta de transparencia, sino también un grave debilitamiento del proceso democrático en la toma de decisiones financieras estructurales", sostuvieron.
En este sentido, alertaron que el deterioro institucional se ve reflejado en la extensión indefinida del presupuesto nacional 2023, utilizado por tercer año consecutivo sin debate ni aprobación legislativa. "Esta maniobra otorga al Ejecutivo una capacidad extraordinaria para asignar recursos sin controles formales, lo que afecta seriamente la transparencia fiscal", subrayaron.
Además, remarcaron que la concentración de facultades en materia económica, energética y administrativa por decreto refuerza una dinámica de gestión unilateral que vulnera la separación de poderes.
La designación por decreto de miembros de la Corte Suprema, la represión de manifestaciones pacíficas y las declaraciones públicas del propio Ministro de Economía –quien justificó eludir al Congreso por razones políticas– ilustran un entorno de institucionalidad degradada. Estas condiciones afectan directamente uno de los cuatro pilares que el FMI exige para aplicar su política de acceso excepcional: la “capacidad institucional y política” del país para implementar el programa acordado.
El acuerdo actual se negocia en un escenario donde los pagos entre 2027 y 2032, incluyendo compromisos con bonistas y organismos multilaterales, superan los 20.000 millones de dólares anuales. Esta cifra equivale a más del 25% del total exportado por Argentina en 2024, lo que pone en duda la sostenibilidad financiera del esquema propuesto. Además, las reservas del Banco Central no sólo son bajas, sino que no hay garantías de respaldo fiscal para afrontar los compromisos asumidos, según advirtió la Procuración del Tesoro de la Nación.
Por otra parte, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), ideado para atraer dólares, otorga exenciones fiscales, aduaneras y cambiarias a gran escala sin evidencia de efectividad: en 2024, la inversión extranjera directa fue la más baja en dos décadas. "Este tipo de desregulación ya fue aplicada en los años 90 con resultados negativos en términos de balanza de pagos y una ola de litigios internacionales por más de 27.000 millones de dólares, muchos aún activos", recordaron.
Los informes ex post del propio FMI sobre los acuerdos de 2018 y 2022 reconocen errores graves en sus proyecciones, incluyendo una subestimación del impacto contractivo del ajuste fiscal sobre el crecimiento y la falta de controles ante la fuga de capitales.
Pese a estos antecedentes, el nuevo acuerdo repite patrones similares, sin incorporar salvaguardas estructurales que garanticen viabilidad a mediano plazo ni mecanismos de control democrático, recalcaron desde las tres entidades.
"La falta de evaluación del impacto distributivo de las políticas económicas propuestas y la ausencia de mecanismos de seguimiento sobre derechos humanos o compromisos climáticos también violan estándares internacionales. Así lo subrayan organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU, quienes manifestaron su preocupación por el deterioro de derechos civiles y sociales en Argentina", concluyeron.
En un contexto donde el gobierno nacional nuevamente está negociando un acuerdo con el FMI sin clara evidencia del cumplimiento de las cuatro condiciones para las políticas de acceso excepcional del Fondo (la sostenibilidad de esta deuda como la capacidad política e institucional para llevar a cabo el programa que se acuerde), ETFE, FARN y Recourse recomienda al Staff y Directorio del FMI que: