Evasión: tribunales hay, pero no jueces

Cuando Néstor Kirchner habló de la creación de los tribunales tributarios desconocía (seguramente) el caso de Javier López Bizcayart, un abogado porteño que desde hace casi un año espera ocupar su cargo como juez en la Justicia Penal Tributaria.

Tampoco debía saber (seguramente) que este abogado, cansado de las dilaciones, decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que el Tribunal ponga fin a su incertidumbre y ordene que se le tome juramento y se lo ponga en funciones.

Menos aún debía conocer Kirchner, que la cartera económica que conduce Roberto Lavagna desde hace 12 meses retiene la partida presupuestaria destinada al funcionamiento de tres Juzgados Nacionales en lo Penal Tributario y de seis Juzgados Federales de Ejecución Fiscales Tributarios. Para ambos casos, el Consejo de la Magistratura completó el proceso de elevación de las ternas y el Ejecutivo las aprobó.

Es más, hasta hay un edificio reacondicionado (Cerrito 264) cedido en préstamo por 10 años por el Banco Central que se encuentra listo para funcionar y al cual solamente le faltan los jueces. Un detalle importante.

La idea de conformar una estructura judicial tributaria capaz de perseguir y castigar a los evasores fue ideada por Carlos Menem y creada en 2002. Hasta ahora sólo funciona la Justicia Penal Económica, que -por caso- juzga casos de contrabando, y actúa como un tribunal administrativo.

• Costo ínfimo

En aquella época se evaluaba que poner en marcha un sistema de estas características le costaría al país algo más de 10 millones de pesos anuales, una cifra ínfima en comparación con las estimaciones que dan cuenta una evasión anual de 30 mil millones de pesos.

El proyecto se convirtió en una verdadera política de Estado a punto tal que hasta Fernando de la Rúa la sostuvo, aunque el radical aplicó tijeras y vetó una parte de la Ley 25.292 que disponía la creación de la Cámara en lo Penal Tributario.

Del recorte quedaron a salvo los juzgados de primera instancia y el 4 de junio del año pasado, el Ejecutivo designó a quienes lo ocuparían: el juzgado Nº 1 quedó para Javier López Bizcayart, el Nº 2 para Diego García Berro y el tercero para María Verónica Straccia. También se designó a tres de los seis jueces que se desempeñarían en los juzgados de Ejecución Fiscal, para los cuales fueron designados Carlos María Folco, Carlos Alejandro Faggi y Rita de la Asención Caerese. El resto está a designar por el Ejecutivo.

Según el Consejo de la Magistratura, los juzgados no están en funcionamiento por impericia propia del Ejecutivo que no envía la partida presupuestaria necesaria, ya que el presupuesto nacional incluía estos tribunales más otros aprobados por ley.

Se asegura que para los seis juzgados de Ejecución Fiscal con un plantel de 24 secretarios hacen falta $ 8.233.472,37 anuales. Incluye 180 agentes judiciales, infraestructura y equipamiento; un espacio de 3.400 metros cuadrados y gastos de funcionamiento.

Para los tres juzgados Penales Tributarios con una dotación reducida de 27 personas, que utiliza el edificio del Banco Central cedido, hace falta 1,5 millón de pesos anuales.

La demora aparece como extraña, sobre todo porque la creación de estos tribunales especiales y la persecución de los evasores fiscales es una de las metas exigidas, ya desde la década del '90, por el Fondo Monetario Internacional. En los últimos meses el FMI presionó fuerte sobre el equipo económico de Lavagna recordándole que la lucha contra la evasión y la reforma tributaria es una materia pendiente que debe tener una solución para continuar con las negociaciones.

El martes por la noche en un programa de televisión Kirchner, reconoció la necesidad de una política que combata la evasión y de una reforma tributaria. Admitió además, como lo señaló Ambito Financiero, que «los tribunales tributarios existen» y que los hará funcionar «en el marco natural de la independencia de poderes».