Exportaciones de gas y petróleo subirán 46% este año

Las exportaciones de hidrocarburos llegarán a 4.700 millones de dólares al finalizar el año, frente a los 3.220 millones obtenidos en 1999, lo que implica un incremento de 46% atribuible fundamentalmente al alza en el precio internacional del crudo.
«Las exportaciones de petróleo, gas y derivados para este año se ubican en 4.700 millones de dólares, representando 18% del total de las exportaciones de la Argentina», dijo a una agencia noticiosa el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), Oscar Secco.

Sin embargo, la producción de petróleo durante el 2000 fue estimada por el instituto en 122.500 metros cúbicos diarios, que significa una caída de 3,8% con respecto a 1999. El descenso en la producción de crudo, aun en una época de precios internacionales muy remunerativos, indica que varios yacimientos en la Argentina están entrando en una etapa de declinación y no hay todavía nuevos descubrimientos que permitan compensar la caída de la extracción.

Según Secco, el crecimiento del sector petrolero está atado a la inversión y dijo que para estimularla «hay que sacar impuestos hasta que esos impuestos correspondan ser pagados, es decir no exenciones sino diferimientos impositivos».

También se refirió a la actitud de los gobiernos provinciales en materia impositiva y sostuvo que éstos «deben alinearse y no seguir inventando impuestos que a la larga llevan a desalentar inversiones».

Debido a la caída en la producción de crudo y a la mayor demanda de gas, este año por primera vez la extracción de este último producto superó a la del crudo, representando 125 millones de metros cúbicos día, es decir 7,9% más con respecto a lo extraído en 1999.

Secco insistió en la necesidad de que se dicte una nueva ley de hidrocarburos, que está pendiente desde la privatización de YPF en 1993.

Dijo: «Necesitamos que el gobierno haga su parte, nosotros hicimos la nuestra, el gobierno tiene que acompañar sacando una ley de hidrocarburos, terminando con la evasión impositiva en las naftas, y ayudando a que haya paz social, porque es muy difícil trabajar con piqueteros en los caminos y con refinerías cercadas».

Los demás voceros de este sector empresario coincidieron con Secco, al conmemorarse hoy el día del petróleo en reclamar la sanción de una ley de hidrocarburos, la no intervención en ese mercado, y una política impositiva «clara y es-table» que estimule las inversiones y elimine distorsiones en el mercado de los combustibles.

«Los decretos de desregulación han sido sumamente exitosos y sus pilares deben ser preservados en las normas que se dicten en el futuro», afirmó el gerente general de Repsol YPF, José María Ranero Díaz. Agregó que «hoy no pueden estar en discusión los principios de libre disponibilidad de los hidrocarburos, libertad de precios, libertad de exportación e importación, y libre disponibilidad de divisas».

Menos gravámenes

Consideró que «deben evitarse y reducirse al máximo los gravámenes que castiguen a la inversión, máxime en una industria tan intensiva en capital como la energética», aunque expresó su convencimiento de que «en esa línea se está moviendo el gobierno».

En tanto, el vicepresidente comercial de Shell, Juan José Aranguren, sostuvo que «la ley de hidrocarburos consolidará lo actuado y eliminará cualquier sombra de duda sobre la continuidad jurídica y fomentará así nuevas inversiones».

Aranguren cuestionó «la alta presión impositiva» sobre los derivados del petróleo que, en su opinión, afectó la demanda de naftas en favor del gasoil y el gas natural comprimido (GNC), desoptimizando la capacidad de refinación instalada en el país.

Por su parte, el presidente de Esso, John Mc-Caffry, dijo que espera que «se elimine toda intervención y se ratifique, a través de la sanción de la ley de hidrocarburos, el marco de libre mercado que rigió para el sector desde 1991», en relación con el decreto de necesidad y urgencia que fijó un límite de cinco años a los contratos de las petroleras con las estaciones de servicio.

McCaffry insistió en que el gobierno debe «cumplir con el compromiso de eliminar el mercado ilegal de las naftas que afecta al Estado por la menor recaudación tributaria; al consumidor que recibe un producto de menor calidad, y a las empresas por defraudación marcaria».