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Según los datos de la CIAI, actualmente cerca de 100 millones de prendas provienen del circuito ilegal, lo que representa 1.200 millones de pesos, y genera una evasión impositiva por cerca de 500 millones de pesos.
De ese monto, 85 millones son por evasión al sistema previsional, y otros 420 millones al tributario.
El informe también precisó que existen en el sector de la indumentaria gran número de trabajadores no registrados: 24 mil en puestos productivos, y 30 mil en puestos de ventas marginales.
Ante este contexto de aumento de canales informales para la comercialización de indumentaria, CIAI mantuvo audiencias con la secretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja, y con el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantin.
La entidad solicitó además entrevistas con el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y con el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, "para informarlos de nuestra honda preocupación y la necesidad de encarar una acción política firme y decidida que diferencie la nueva gestión gubernamental de la indiferencia recibida de anteriores autoridades".
Mediante un comunicado, CIAI reclamó también "motorizar un accionar coordinado en los distintos estamentos involucrados en el control de las normativas existentes para la industria y el comercio, asignándoles a su vez las fuerzas de seguridad necesarias".
También planteó la necesidad de combatir "la masiva venta callejera no autorizada que avanzó progresivamente en los últimos años" y de que se establezca un mecanismo de control en la Aduana "que permita detectar e informar el ingreso de mercadería con marcas falsificadas o sin autorización para su comercialización en el país".
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