Legisladores y funcionarios porteños comenzarán la semana que viene a buscar un acuerdo que permita cambiar la letra de la ley llamada Buenos Aires, Ciudad Productiva, que propone, modificando el Código de Planeamiento actual, una suerte de vía libre para la instalación de más industrias en el distrito. No habría restricciones por barrios ni categorías, y los emprendimientos solamente deberían obtener un estudio de impacto ambiental favorable que emitiría el Ministerio de Medio Ambiente.
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Buscan ahora que ese proyecto, sobre el cual tienen distinta opinión dentro del propio Gobierno porteño, se modifique y limite por zonas y actividades.
La ley, por cierto, ya fue aprobada el año pasado, pero este tipo de normas, en la Capital Federal, están sujetas al sistema de doble lectura, que impone que primero se sancione la ley, luego se realiza una audiencia pública para que los interesados opinen sobre el tema y finalmente se vuelve a votar la norma, con lo cual queda sancionada si obtiene los votos necesarios.
La ley, que impulsa el área de Producción del Gobierno porteño, propone que se anule el actual «cuadro de usos», que es el que fija en qué zona y condiciones pueden instalarse industrias. En su reemplazo se propone un cuadro permisivo que sólo limita la instalación de grandes industrias contaminantes, que de hecho no están permitidas en la Ciudad.
Por cierto, como distrito «I» puramente sólo están en el mapa porteño los barrios de Pompeya y Mataderos.
En principio, pareciera desacertado el debate sobre impulsar la producción en el distrito porteño, cuando no se ha acordado una planificación urbana global que defina el perfil de ciudad. Al punto que también en la actualidad se debate limitar la altura de las construcciones en el barrio de Caballito, ante el impacto de las inversiones inmobiliarias que está recibiendo ese barrio, pero no se propone una modificación, en ese sentido, al código de Planeamiento.
Oposición
Si bien cuando se realizó la audiencia pública participaron muchas entidades que defienden la norma, se opuso la Sociedad Central de Arquitectos, que no ve la conveniencia de permitir usos industriales en zonas residenciales.
De acuerdo con la norma, que ahora se intentará rever, «se considera uso industrial toda elaboración, transformación o destrucción de materias primas para fabricar por cualquiermedio cualquier tipo de productos o bienes de capital y su reparación», mientras que señala que «toda actividad de industria manufacturera o reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos» son actividades permitidas.
La Federación de Comercio de Buenos Aires (FECOBA), defensora del proyecto, en su momento aseguró que la ley, tal como está aprobada en primera lectura, «permitirá regularizar la situación de aproximadamente 10.000 empresas pymes instaladas y que por lo ilógico de la norma se encuentran en forma irregular».
En ese sentido, en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura habría acuerdo para dejar un cuadro de usos, el que rige en la actualidad, pero sin embargo, a talleres y pequeñas industrias hoy catalogadas de «uso no conforme», si no son motivo de queja de los vecinos, se les legalizará su funcionamiento.
Otras opiniones sostienen que no sería correcto dejar liberado sólo al estudio de impacto ambiental el permiso para instalarse. Ese estudio, de acuerdo con una ley porteña, deberá contemplar no sólo que la industria no sea contaminantedel ambiente o produzcaruidos molestos, sino también cómo afecta al tránsito en caso de requerir vehículos para la carga y descarga.
Por ahora habría consenso entre los legisladores para que la ley no se apruebe tal como se hizo en primera instancia y en cambio se flexibilice la permanencia de industrias que ya existen y se controlen las futuras instalaciones.
Saturación
Lo que se teme es que se pueda producir la saturación en algunos barrios, o cuadras de la Ciudad, con concentración de talleres o pequeñas fábricas en zonas catalogadas residenciales para las viviendas.
Para la semana que viene fue convocada una reunión con funcionarios del Gobierno porteño y autoridades de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, donde se reabrirá el debate con la idea de contar con un mes más para que llegue nuevamente la ley al recinto.
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