Fallo de Cámara avaló multa a cementeras

La Cámara en lo Penal Económico avaló la multa récord de 310 millones de pesos que el Gobierno impuso a varias empresas cementeras, acusadas de haberse puesto de acuerdo para repartirse el mercado y elevar los precios, al rechazar planteos de prescripción interpuestos por algunas firmas afectadas.

La resolución fue adoptada por la Sala B de la Cámara, que confirmó provisoriamente la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, por presunta violación a la libre competencia.

Fuentes judiciales explicaron que los camaristas Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos deberán estudiar ahora la cuestión de fondo, para determinar si las multas han sido aplicadas correctamente y si fuera así, también se deberán analizar si se mantiene o modifica el monto.

Se trata de la multa más importante contra un conjunto de empresas por la presunta violación de la ley 22.262 de Defensa de la Competencia, por maniobras que habrían cometido entre 1981 y 1999 y que fue anunciada por el titular de la cartera económica Roberto Lavagna el 26 de julio pasado.

Las cementeras multadas son Loma Negra, Cementos San Martín, Juan Minetti y Corcemar, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia, porque habrían pactado acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas.

Las empresas plantearon que la acción contra ellas estaba prescripta, porque el Estado no había producido actos impulsores de la investigación.

La Sala B de la Cámara, que actúa como tribunal de alzada de la Comisión de Defensa de la Competencia, rechazó los planteos de prescripción de dos de las cementeras afectadas, Cementos Avellaneda y Juan Minetti.

La sanción también incluye a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, que deberá pagar una multa de 529.289 pesos y abstenerse de distribuir entre sus asociados información competitivamente sensible sobre la producción, importación y despachos de cemento portland.

Durante la conferencia del 26 de julio pasado en la que se anunció la multa a estas empresas, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, le adjudicó un importante grado de responsabilidad a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

Para el titular del Palacio de Hacienda, esta asociación fue "el lugar y el instrumento desde dónde se hicieron estos acuerdos, con un sistema informático altamente tecnificado, que percibía cualquier desvío que se produjera en las cuotas".

El expediente se inició de oficio por una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a partir de la publicación de una nota en la revista Veintidós del 26 de agosto de 1999.

Se trata de una investigación en el mercado del cemento para determinar si las cementeras infringieron la ley 22.262, mediante un posible acuerdo conjunto de fijación de precios y reparto del mercado, con potencial afectación al interés económico general.

La multa aplicada a las cementeras es la segunda de este tipo que impuso el gobierno nacional, ya que la primera fue el 18 de julio pasado y alcanzó a cuatro empresas productoras de oxígeno medicinal por un monto de 70,3 millones de pesos.

Las empresas multadas fueron Praxair Argentina SA, Air Liquide Argentina SA, Aga SA e Indura Argentina SA, bajo el fundamento de que simulaban competencia y sellaban acuerdos para subir los precios.