Los fondos, unos ocho millones de dólares, fueron depositados en 1982 en cuentas de la UBS que «nunca presentó una formal liquidación de utilidades e intereses devengados y jamás reintegró ni el capital ni los accesorios», dijo
Añadió que «la cláusula de prórroga jurisdiccional exhibe un evidente desequilibrio entre los contratantes».
