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En las primeras aproximaciones, que se produjeron ayer antes y después de una exposición de Fernández ante las 30 empresas más importantes de España ( estaban todas las que tienen filiales en el país, claro), se esbozó una posibilidad que tal vez resulte definitiva: se establecería una agenda de negociación de inicio casi inmediato, que desembocaría en un aumento de tarifas después de las elecciones de renovación parlamentaria.
El problema de los precios de los servicios impulsa presiones del G-7 sobre el Fondo tan o más directas que el problema de la deuda pública. ¿Las otras dimensiones de la discusión con De Rato y el directorio del Fondo? Serán parte de las conversaciones «para consultar, explicar, pedir consejo pero nada más», según explicó a este diario un miembro de la comitiva. Alguna razón misteriosa puso al gobierno al borde de otro «cuento chino» (en este caso, dicen los graciosos, «de gallegos»).
Por otra parte, está cada vez más claro que De Rato está fuera del alcance político de Rodríguez Zapatero y que del rey Juan Carlos I sólo pueden esperar palabras de aliento. En cambio, los empresarios españoles a lo largo de las entrevistas individuales que sostendrán con Fernández, tendrán definiciones sobre el destino del proyecto de regulación de los servicios públicos.
Básicamente dos acotaciones: se suprimirá la pretensión de que las casas matrices respondan patrimonialmente por sus filiales y que se acordará una jurisdicción internacional distinta del CIADI para el caso de pleitos.
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