En teoría, casi todas las transacciones de más de 500 pesos que se paguen a un plazo mayor a 30 días deben efectuarse obligatoriamente con este tipo de documento.
La idea del gobierno al lanzar este régimen era facilitar el acceso al crédito para las PyMEs. A esto se llegaría porque cuando una empresa difiera el pago de una transacción estaría obligada a recibir una FC, emitiendo un recibo que el proveedor podría utilizar para acceder a préstamos o entregar a un banco, que a su vez se encargaría de su cobro.
En el caso de los supermercados, que a priori eran el rubro donde más factible era el uso potencial de las facturas de crédito, los jefes de compras de las grandes cadenas y tiendas obligaron a sus proveedores vía comunicación escrita a colocar facturas con un plazo menor a los 30 días para no entrar en esta obligación.
