Martín Guzmán y Sergio Chodos.
Por voluntad de las dos partes, el conflicto generado por la invasión de Rusia a Ucrania estará reflejado en el texto de la Carta de Intención que, se supone, esta semana terminará de ser negociada entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como primer paso al Facilidades Extendidas Reloaded a 10 años.
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La intención de la introducción del conflicto no es la de hacer referencias políticas a la situación del conflicto bélico ni, obviamente, volcar la opinión a favor o en contra de alguno de los contendientes (aunque el FMI esté preparando sanciones a Rusia). La inclusión de un párrafo sobre Ucrania, cuya redacción está siendo discutida en estas horas, hará referencia a los severos cambios en la economía mundial que está produciendo la invasión decidida por Vladímir Putin, fundamentalmente en la estructura de ingresos y gastos del país. Y también sus consecuencias en las promesas de crecimiento y déficit fiscal a las que se comprometió Martín Guzmán.
Básicamente las partes hablarán de que habrá en los próximos meses un compromiso constante de monitoreo sobre los efectos económicos internacionales de la invasión rusa, y tres capítulos clave en lo que refiere al país: los ingresos provenientes por el incremento en los commodities, la inflación indirecta que esto genera y el alza en los precios de los combustibles.
La mención a la situación ucraniana estará dentro del capítulo donde Argentina y el FMI mencionan los efectos de la pandemia aún no mensurados en la economía internacional, los movimientos alcistas en las tasas de interés que, se descarta, se ejecutarán durante este año y los efectos de una crisis internacional en las economías de Brasil, EE.UU., la Unión Europea, China y otros socios importantes del país, a los que se destinan la mayor parte de las exportaciones criollas.
El problema de la aparición del conflicto bélico en Ucrania en las negociaciones entre Argentina y el FMI, es la profundización del debate entre las partes en uno de los capítulos fundamentales del Facilidades Extendidas negociado. Según el organismo financiero, el alza en el precio del gas que surgirá luego de la invasión, podría estabilizarse en los precios actuales durante un largo tiempo de más de cuatro o cinco meses, generando una demanda de divisas de no menos de u$s1.000 millones extra para el país; lo que obviamente presionaría en las arcas públicas y la demanda de divisas durante 2022. El Fondo cree que ese dinero del que el país debería disponer para pagar el aumento de la cuenta de importaciones de combustibles, fundamentalmente gas, no está (ni estará) disponible y ejercerá una presión extra sobre el gasto público y la disponibilidad de dólares. En consecuencia, el gobierno debería responder con un incremento en las tarifas de gas, tanto en la industria como en los usuarios residenciales; lo que, a su vez, complicaría aún más el debate entre los negociadores locales y el FMI sobre el grado de los subsidios que se ejecutará este año.
La disputa avanza también sobre otro terreno complicado: la propia interna del oficialismo, sobre cuanto deberían subir este año y el próximo las tarifas. Y si el plan de un incremento inferior al 40% que está aplicando el Gobierno nacional en coordinación con el kirchnerismo es aún sustentable. Derivado de todo esto, el Fondo cuestiona ahora con más vehemencia el acuerdo tácito que se había cerrado entre Julie Kozack y Luis Cubeddu, y las grandes metas de crecimiento y déficit fiscal del Facilidades Extendidas Reloaded. La norteamericana y el venezolano nunca le creyeron al ministro de Economía, que el país pudiera crecer entre 3,5 y 4,5% este año, lo que le permitiría al país lograr un déficit inferior al 2,5% anual para el ejercicio actual.
Según la visión del Fondo, el país no tendría los dólares para garantizar este crecimiento durante 2022. Sin embargo, en el acuerdo parcial de enero, la directora adjunta del Fondo para la región y el encargado de la misión del organismo en la Argentina, aceptaron los números y porcentajes planteados desde el Palacio de Hacienda; aunque dejaron abierta la puerta de la renegociación de políticas internas a aplicar si a mediados de año la proyección de déficit y crecimiento no se alinean con lo prometido. Ahora, según la visión del FMI, la nueva cuenta de importación de gas complica aún más la proyección de Guzmán; con lo que se le advierte al país que la crisis de Ucrania es un nuevo frente que atentaría contra el compromiso argentino.
Hacienda tiene un cálculo diferente. Para el Gobierno, obviamente habrá un incremento en cuanto a los precios internacionales de importación del combustible; pero este no llegará a superar los u$s500 millones. Según las estimaciones del oficialismo, este mismo ejercicio habrá un incremento en la producción de gas en Vaca Muerta, que le permitirá al país aumentar la oferta y atender al menos parte de la demanda creciente de gas.
Se afirma además en Buenos Aires que, si bien el incremento en los precios del gas es un hecho, también lo es el aumento en los valores de los commodities que Argentina exporta, comenzando por la soja y siguiendo por la mejora en los precios del maíz y el trigo. Incluso se afirma que los valores del gas podrían reacomodarse si la situación ucraniana mejorara, pero una baja en la oleaginosa podría tardar más en situarse en baja. Los cuadros sobre los movimientos históricos así lo demostrarían. Según los datos locales, en el peor de los casos, habría un empate entre los números de ganancias y pérdidas por las alzas de los precios de las exportaciones locales favorecidas, contra el incremento de los gastos por la suba de los valores del gas. Pero, se especula en Buenos Aires, lo más probable es que la cuenta final arroje algún tipo de ganancias.
Para Argentina, los problemas derivados de la invasión rusa a Ucrania impactarían en la economía local desde otro plano. La visión de Hacienda, es que el incremento de los precios internacionales del maíz y el trigo, redundarán en una mayor presión sobre la inflación local.
Es convicción plena de la gestión nacional (en este punto, compartida con el kirchnerismo) que la indomable inflación local es “multicausal” y que la evolución alcista de los precios mundiales de los insumos con los que se producen alimentos es uno de los factores predominantes. En consecuencia, se considera en Buenos Aires, el Fondo debería ser más flexible en el momento de evaluar al país en el cumplimiento o no de las metas inflacionarias pactadas en el acuerdo primario en un tope de 48% final para 2022.
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