Fracasó el plan para mediación voluntaria

La reciente aprobación del Congreso de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por 90 días generó un escenario propicio para que también se prorrogue el plazo de mediación para deudores y acreedores que propuso el gobierno más allá del 19 de junio (vencimiento estipulado por el Decreto 204/03).

Así especulan fuentes del Ministerio de Trabajo, que indicaron que «si no se veta la ley, sería positivo extender este mecanismo de negociación» y que, definitivamente, «la próxima gestión lo decidirá».

Este sistema de «arreglo» oficial de las deudas fue puesto en marcha por decreto el 6 de febrero, pero no tuvo mucha repercusión: desde esa fecha hasta la semana pasada se resolvieron 100 casos hipotecarios (sólo 10 con acuerdo) y se iniciaron unos 600 en todo el país -240 en el interior y 360 en la Ciudad de Buenos Aires.

Se estima que en total habría 16 mil ejecuciones por resolver, muchas de las cuales ya se negociaron en forma particular con bancos y acreedores particulares o bien ya salieron no bien se pudo volver rematar -a partir del vencimiento de la tercera suspensión que ocurrió el 3 de febrero.

• Reducción

Durante 2002, cayeron más de 70% los remates y subastas sólo en Capital Federal. Durante 2001, el promedio diario de remates alcanzaba a 185. Con la primera suspensión, en febrero de 2002, se redujeron a 70 y con la segunda, en agosto de ese año, a 55. Pero no bien se permitió volver a las ejecuciones, en los últimos meses el promedio estaba repuntando: 92 remates por día.

«En 2001, se hacían 40 remates diarios. El año pasado el promedio fue de 12-13. Ahora, antes de la suspensión, se están haciendo entre 20 y 25, de los cuales 6-7 son hipotecarios», explicó a este diario Eduardo Saravia, presidente de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios de Capital Federal. «Lo que no se están dando cuenta es de que los que no arreglaron hasta ahora, es muy difícil que lo hagan en los próximos meses», dijo.

«Al mecanismo de mediación hipotecaria accedió 65% de los deudores y 35% de los acreedores. Se pidió en 66% para resolver deudas bancarias.

Los que se arreglaron en muchos casos fue pesificado con la aplicación de intereses moratorios y punitorios o extendiendo el plazo», aseguró Guillermo Alonso Navone, coordinador general de la Unidad de Emergencias Legales del Ministerio de Trabajo. Para el funcionario, «la conciliación hipotecaria es un buen mecanismo que tuvo poca publicidad» y «en la medida en que se promulgue la ley, sería muy positivo que se extienda junto con la suspensión de las ejecuciones porque permite negociar gratuitamente y sin la presión legal».