La onda expansiva del caso Greco, revelado por este diario, les llega a otros regalos escandalosos que hace el gobierno con cargo al dinero de los contribuyentes. En setiembre pasado, Ambito Financiero puso la lupa sobre el intento del oficialismo de pagarle al sindicato de ferroviarios una suma cercana a los $ 12 millones por el edificio donde funcionó el policlínico de esa rama en el barrio de Retiro, en la Capital Federal. Un dislate, porque el inmueble pertenece al Estado, que iba a comprarlo, porque lo donó en 1944 con destino fijo y al cerrarse la clínica cayó esa donación. Después de la publicación de este regalo más que sospechoso al gremio de José Pedraza, ahora el gobierno, como en el caso Greco, da marcha atrás en la compra. Sólo porque se enteró el público.
El gobierno decidió terminar el viernes pasado uno de los proyectos que más polémicas generó en el Senado en diciembre pasado: le pidió al Senado que retire de tratamiento una iniciativa enviada el 10 de julio de 2006 por la que se disponía la expropiación y pago al gremio ferroviario del inmueble donde hace años funcionó el policlínico ferroviario para destinarlo a la nueva morgue judicial. Este diario reveló-el affaire cuando informó en setiembre del año pasado del reclamo del bloque UCR del Senado de que ese edificio ya estaba en posesión del Estado argentino por haber caído la donación de ese inmueble al sindicato. En resumen: alegó el radicalismo que se quería encubrir una operación estimada en $ 12 millones que recibiría en pago por la expropiación el secretario general de los ferroviarios, José Pedraza, y que salvaría a su sindicato de la quiebra.
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El expediente había caído en origen en la Comisión de Asuntos Constitucionales que dirige Cristina Kirchner y luego emitido el despacho. Siempre se alegó desde el oficialismo que los títulos de propiedad estaban correctos y que el Policlínico Ferroviario aún pertenecía al gremio, graciasa una donación realizada en 1944. El problema es que esa donación establecía como obligación que el predio se utilizara para la construcción de un policlínico, lo que hace más de 10 años que no se cumple.
Pero la historia había comenzado un año antes cuando un decreto presidencial libró a Pedraza de tener que cumplir con ese cargo de la donación original de 1944 de mantener en el predio un policlínico para ese gremio, aunque la validez de ese decreto también fue cuestionada ya que para tomar esa decisión no se podía apelar a otro instrumento que no fuera una ley. Así lo denunció también la oposición.
Durante semanas el kirchnerismo del Senado prometió mostrar los certificados de dominio y catastrales del inmueble, para probar que estaba liberado a la venta o expropiación, pero nunca hicieron. Fue una de las pruebas más claras sobre la imposibilidad de Pedraza de disponer de esa clínica, después de haber vendido más de 100 instalaciones similares en el resto del país. Hacía falta entonces para hacerlo una expropiación por ley.
Denuncia
El radical Gerardo Morales salió a denunciar la polémica operación el 21 de noviembre pasado: «Yo he planteado que el procurador del Tesoro inicie las acciones para recuperar el inmueble por incumplimiento del cargo de la donación. Lo que quieren hacer es pagarle $ 12 millones a Pedraza para que solucione los problemas que tiene con la quiebra. Ya hay denuncias del secretario general del sindicato del personal directivo sobre manejo irregular de fondos. Estamos hablando de un impresionante inmueble en lo que era Puerto Nuevo. Lo que quiere hacer el gobierno es darle esos $ 12 millones para que arregle sus problemas y el Estado puede recuperarlo gratuitamente», dijo entonces. Ayer se conoció que el gobierno desistió finalmente de la operación para declarar sujeto a expropiación el terreno de 7.837.37 m² y la edificación de 26.508,10 m², una mole de nueve pisos valuada en $ 12 millones en su estado actual. Pero antes de terminar con el entuerto, el kirchnerismo deberá pasar por otro pequeño escándalo: el retiro de cualquier proyecto presentado en las Cámaras, debe ser aprobado en el recinto. La UCR, alentada por este segundo escándalo que denunció en 2006, inclusive antes de iniciarse el caso Greco, ya adelantó que en ese momento no se quedará callada.
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