Con el objetivo de que la crisis energética no termine siendo inmanejable y falte gas para consumos esenciales, como los hogares y la generación eléctrica (lo que tendría fuerte impacto político), el gobierno decidió ir en «per saltum» a la Corte Suprema para frenar los amparos en favor de otorgar el fluido a industrias. La preocupación oficial se acentuó este fin de semana, porque se produjeron tomas de empresas que serían anticipo de nuevos pedidos de amparo. El gobierno trata de ganar tiempo porque teme una catarata de presentaciones y dice que un fallo favorable en agosto ya no serviría.
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En esos fallos, jueces federales obligan a que las distribuidoras entreguen gas a industrias que tienen contratado servicio interrumpible, por el que pagan una tarifa menor, o a empresas con contratos firmes que vencieron y no se logran renovar por igual o más volumen de fluido.
En la Procuración todavía no está claro si hace falta dictar un decreto declarando la emergencia energética antes de llegar a la Corte, pero en principio se partiría de un caso concreto y se pediría al máximo tribunal que intervenga, sin pasar por los pasos procesales habituales.
En el acto estará presente el presidente de Repsol YPF,
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