Recién la semana próxima se publicarán en el Boletín Oficial los precios del gas con el segundo escalón de los aumentos pactado entre el gobierno y las petroleras en abril pasado. En este caso, el ajuste ronda entre 18% y 22% y se aplica desde el 1 de octubre para la industria, comercios, generadoras y GNC, quedando sólo exceptuados hogares y pequeñas demandas no domiciliarias. Además, el impacto sobre la tarifa final de lo usuarios alcanzados por el ajuste promedia 10% porque el gas equivale a la tercera parte de la factura. (En el GNC la suba ya se aplica desde octubre, lo cual resulta explicable porque los estacioneros recibirán las facturas con aumento.)
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Según fuentes oficiales, la demora para que el Enargas aprobara los nuevos cuadros tarifarios se debió a razones burocráticas y recordaron que, en años anteriores, los ajustes se aprobaban habitualmente en la última semana de octubre.
En algunas empresas, en cambio, sospechan que hay alguna desavenencia entre el titular del Enargas, Fulvio Madaro, y las autoridades de Energía y Planificación, aunque en realidad no parece creíble. Otras fuentes sugieren que el problema proviene de las llamadas "diferencias diarias acumuladas".
Este concepto implica la diferencia entre el precio del gas en boca de pozo reconocido en las tarifas entre mayo y octubre, y el efectivamente pagado por las empresas distribuidoras. Esto es así porque esas compañías compran gas de distintas cuencas con diferentes valores, y sólo en circunstancias excepcionales lo adquieren en la proporción exacta reconocida en el valor reconocido por el Enargas en mayo.
• Aumentos
Esas diferencias pueden significar mayor o menor precio del gas con respecto al autorizado, pero en general quedan neutralizado al final del período. Pero este año además hay una cantidad de gas que las distribuidoras compraron a las petroleras por encima del volumen garantizado por éstas (78 millones de metros cúbicos diarios). Lo comprado por encima fue reorientado al mercado interno, restringiendo exportaciones, y debe pagarse al valor del gas de julio de 2005 que incluye otros dos ajustes de 18% a 22%.
En apariencia, en alguno de los niveles de decisión hay resistencias a aprobar estos precios aun cuando la incidencia para la industria no resultaría muy significativa según anticipan algunos funcionarios. El problema sería admitir públicamente que se está cobrando a la industria parte del gas consumido en el último invierno a valores del invierno que viene, para compensar en parte a las petroleras por no haber podido exportar.
