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El gobierno chileno está preocupado por el impacto del aumento en el gas en las facturas de ese producto y electricidad de los hogares, pero también se adelantó que la suba podría ser absorbida por las prestadoras de esos servicios (ver vinculada).
El secretario de Energía, Daniel Cameron, explicó que la resolución sobre los combustibles en áreas de frontera se tomó por la existencia de un «comercio hormiga»: aprovechando la diferencia de precios en la Argentina, que promedia 50 centavos de dólar por litro de nafta y gasoil, hay camiones que vienen al territorio argentino con tanques suplementarios y regresan a sus países.
En Chile también hubo apreciaciones adversas de parte de empresarios y de la oposición. «Chile no es un socio cualquiera para la Argentina, es un socio de primera, y a los socios de primera hay que tratarlos con consideración», declaró Hernán Somerville, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Según la Resolución 938, las estaciones de servicio, blancas o abanderadas (con contrato con una refinería), «podrán habilitar uno o más surtidores con precio diferencial para vehículos con placa identificatoria extranjera, por cada producto que decidan vender bajo esta modalidad». Están excluidos los autos con chapa oficial o diplomática. Las estaciones deberán informar los volúmenes vendidos bajo cada modalidad de precios, ya que los montos a tributar son mayores si el precio es más alto. La norma indica que se tenderá a alcanzar valores que «tornen razonablemente indiferente para el consumidor residente en el país vecino el lugar donde realice la carga de combustible».
La resolución está fundamentada en la política de retenciones a la exportación de hidrocarburos aplicada desde agosto de 2004 con el explícito propósito de que la evolución internacional del petróleo no afecte a los consumidores locales.
También se indica la necesidad de «circunscribir» ese criterio a los habitantes del país, de modo de evitar problemas de abastecimiento. Sin embargo, quedan algunas dudas sobre la eficacia de la norma, sobre todo porque es voluntaria, y las estaciones de servicio buscarán mantener un alto volumen de ventas, por lo que no se entiende cómo se las motivará para que adhieran al sistema.
Por otra parte, la Secretaría de Energía carece de elementos de control.



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