17 de noviembre 2000 - 00:00

Gobernadores del PJ presentaron su proyecto de pacto fiscal

Los gobernadores peronistas difundieron ayer su propio "acuerdo federal", en el que reafirman la decisión de congelar los gastos corrientes, pero dejando flexibles las inversiones, y reclamaron la virtual desaparición del Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, la reducción de impuestos para nuevas inversiones y la refinanciación de los déficits de algunas provincias.

En el texto acusaron al gobierno nacional de difundir "intrigas políticas" y paralelamente anunciaron que se reunirán nuevamente el lunes a las 10 de la mañana en la sede del CFI en la Capital Federal.

Luego de que el gobierno firmó ayer al mediodía el compromiso fiscal con los mandatarios de la Alianza, sus pares del PJ suspendieron el encuentro que iban a mantener en la localidad de El Calafate, se reunieron nuevamente en el CFI y difundieron su propio acuerdo federal, endureciendo su posición inicial respecto al manejo del gasto social.

"Frente a la intransigencia manifiesta del gobierno nacional, que expresa las desinteligencias e intrigas políticas de los funcionarios y partidos integrantes de la coalición gobernante, los gobernadores del PJ interrumpen las negociaciones", expresaron los mandatarios en un comunicado.

Además, hicieron público su propio texto, al que llamaron "Acuerdo Federal para el Control del Gasto Público, el Crecimiento Económico, la Disciplina Fiscal y la Solidaridad Fiscal' y anunciaron que volverán a reunirse el lunes a las 10.

Lo firman el bonaerense Carlos Ruckauf -representado por Felipe Solá-, el cordobés José Manuel de la Sota, el formoseño Gildo Insfrán, el jujeño Eduardo Fellner, el pampeano Rubén Marín, el misionero Carlos Rovira, el salteño Juan Carlos Romero, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, el santafesino Carlos Reutemann, el riojano Angel Maza, el fueguino Carlos Manfredotti y el tucumano Julio Miranda.

Uno de los que no suscribe el texto -el otro es el santiagueño Carlos Juárez- es el santacruceño Néstor Kirchner, quien justamente aspiraba a ser anfitrión hoy y mañana de las deliberaciones de sus pares, con la excusa formal de la inauguración del aeropuerto de El Calafate.

El escollo más difícil de superar en el diálogo con los funcionarios nacionales era el manejo de los fondos destinados al gasto social.

En este punto, los justicialistas solicitaron de hecho la virtual desaparición del ministerio de Desarrollo Social "ante el fracaso de las políticas centralistas" de esa cartera.

"Frente a los conflictos sociales existentes en todo el país, ofrecemos al gobierno nacional nuestra participación en la definición y en la administración de programas sociales que atiendan a los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y los programas de empleos para jefes de hogar con hijos desempleados", dice el documento.

El texto propone mantener "el actual volumen del gasto presupuestario nacional fijado a tales fines, con el más pleno control y Auditoría de la Nación".

Asimismo, los gobernadores del PJ acordaron "no aumentar sus respectivos niveles de gastos primarios, en la medida que presenten desequilibrios fiscales actuales o potenciales, con el objetivo de alcanzar todos el equilibrio fiscal".

En este punto, exceptuaron "el impacto de los financiamientos obtenidos o a obtener del Banco Mundial y el BID para la modernización y reforma del Estado, tendientes a lograr una mayor eficiencia, economicidad y transparencia en la gestión de los estados provinciales" y excluyeron "los compromisos de capitalización o inversión plurianual con principio de ejecución".

Los mandatarios del PJ se quejaban que el acuerdo que quería firmar el gobierno no les daba margen para hacer gastos en materia educativa, de seguridad o en hospitales, por ejemplo.

En su propio acuerdo, los peronistas agregaron una nueva exigencia al gobierno: la "inmediata reducción de los impuestos nacionales que gravan la actividad productiva, en especial para las nuevas inversiones, como el impuesto sobre los intereses pagados, el IVA sobre bienes de capital e intereses y toda tributación que desaliente inversiones generadoras de la reactivación".

"Ofrecemos compartir la lucha contra la evasión fiscal en el país y en todas las jurisdicciones, colocando a disposición de la AFIP las bases de datos y los recursos humanos de nuestras Direcciones Generales de Rentas provinciales", agrega el documento difundido esta tarde.

En concepto de los montos coparticipables que el Ejecutivo transferirá a las provincias, el acuerdo de los gobernadores del PJ establece los mismos montos que el texto firmado entre el gobierno y la Alianza.

Es decir, una suma única de 1364 millones de pesos para el 2001 y el 2002, y para los próximos años hasta el 2005 un promedio de lo recaudado coparticipable en los tres años anteriores a cada uno de ellos.

Por otra parte, los gobernadores justicialistas reiteran "su voluntad de sancionar de inmediato una nueva Ley Federal de Coparticipación" y solicitan al gobierno nacional "el cumplimiento del Plan Federal de Infraestructura, de ejecución simultánea en todo el país".

También adhieren al 'Compromiso Federal para la austeridad, la equidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública' "con el objeto de instrumentar y garantizar el funcionamiento de un sistema que asegure la proporcionalidad en las remuneraciones de los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado".

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