Gobernadores: sí a garantía para bonos

Los gobernadores peronistas resolvieron ayer, al cabo de una extensa reunión a la que se agregaron después funcionarios del Ministerio de Economía, apoyar el proyecto de ley de crédito público que enviará el gobierno al Senado (la iniciativa prevé que los títulos argentinos estén respaldados con recaudación de la Nación). Más allá de que ese respaldo dependa todavía del dictamen de una comisión informal integrada ayer por gobernadores y legisladores de ese partido, Domingo Cavallo cuenta desde anoche con muy altas posibilidades de que el Parlamento apruebe su iniciativa rápidamente.

Como adelantó ayer este diario, la base sobre la que Cavallo hizo pie fue la expectativa de varias provincias endeudadas de incorporar su propio pasivo al canje de deuda que tramita la Nación. Por eso durante el encuentro de ayer en el Consejo Federal de Inversiones, los principales abogados de la propuesta de Cavallo fueron los mandatarios del Norte, a quienes expresó el ex gobernador Ramón Puerta, y José Manuel de la Sota.

Posturas

Más allá de este desenlace final del encuentro, en el CFI se escucharon posturas poco amigables para el gobierno nacional. Rubén Marín (La Pampa), por ejemplo, se declaró reacio a comprometer ningún tipo de aval adicional a «un gobierno que no nos da respuesta sobre todo el dinero que nos debe». Carlos Reutemann, por su parte, se mantuvo previsiblemente mudo pero el diputado santafesino Oscar Lamberto censuró duramente el proyecto, igual que Jorge Remes, quien completó con argumentos técnicos los reproches que Felipe Solá realizó en nombre de Carlos Ruckauf. Solá había dicho que «este gobierno no se deja ayudar porque se deglute todo: en una semana a López Murphy y en dos meses a Cavallo».

Tanto Remes como Lamberto expusieron los argumentos que hace días vienen sosteniendo dentro del bloque de diputados. Para ellos la clave de la ley está en dos cláusulas que pasan inadvertidas. Una les permitirá a las AFJP constituir hasta 80% de sus reservas técnicas con títulos públicos (hasta ahora el límite es de 50%); la otra admitirá que los encajes de los bancos se constituyan también con papeles del Estado. Los diputados-economistas subrayaron el primer punto y lo pusieron en estos términos: «Se está echando mano de los fondos de los jubilados para pagar a los acreedores». En rigor, la colocación de bonos en el sistema previsional convierte al futuro jubilado en alguien dependiente del Estado al extremo, ya que las AFJP pagarán las jubilaciones si el gobierno rescata en tiempo y forma sus bonos.

De todos modos, la presión de las provincias endeudadas -ayer se puso de manifiesto la situación dramática de distritos como La Rioja o Jujuy-y los llamados de De la Sota a «escuchar los argumentos de Economía» llevaron la reunión hacia el acuerdo con el gobierno, sobre la base de dos requisitos. El primero, exigido especialmente por Juan Carlos Romero (Salta), es que la Nación pague aunque sea algo de la deuda que tiene con las administraciones del interior. El segundo, que reclamaron todos, fue que la Alianza se exprese primero en favor de la ley. «No puede ser que nosotros apoyemos porque tenemos la responsabilidad de gobernar y que después seamos el escarnio de los librepensadores, como Alfonsín o la Carrió», se quejó un mandatario.

Cuando el encuentro estaba promediando, llegaron al Consejo tres hombres de Economía encargados de conseguir la aprobación de la ley: Horacio Liendo, autor de la iniciativa, Jorge Baldrich y Raúl Garnero. Esperaron en una sala aledaña y, cuando los peronistas terminaron su discusión interna, se congregaron con Eduardo Fellner, Gildo Insfrán, Adolfo Rodríguez Saá, los ministros Juan Schiaretti (Córdoba) y Jorge Sarghini (Buenos Aires) los legisladores José Luis Gioja, Humberto Roggero y Remes.

Prioridad

En la reunión, los funcionarios de Economía insistieron en la necesidad de que la ley sea aprobada antes que se realice el canje de deuda. Los peronistas le expusieron a Liendo un reproche sobre la conducta de De la Rúa: «Si el Presidente no admite que la ley la quiere el gobierno e insiste, como insistió hoy, en que se está realizando a pedido de los gobernadores, nosotros no podemos colaborar en nada». Liendo sonrió y después juró que Cavallo conseguirá lo que le piden los gobernadores antes de dar el sí definitivo: un pronunciamiento formal de la Alianza -que incluya a Alfonsín, por ejemplo-a favor del proyecto.

Si bien ayer por la noche se podía prever que la ley será aprobada rápidamente en el Congreso, las deliberaciones continuarán hoy por la mañana, cuando los gobernadores reciban un último informe de sus ministros de Economía sobre el texto que se enviará al Senado.