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Esta posición de Rosatti fue repetida en todas las visitas que el ministro hizo al Senado. El problema es que generalmente costó entenderla por el lenguaje utilizado para expresarla: siempre ratificó la necesidad de poder apelar ante la Corte Suprema las sentencias del CIADI y elogió la actitud de los senadores, para pasar finalmente a recordar que la actual legislación permite perfectamente esas apelaciones. Es decir: no hace falta ninguna ley. Por otro lado, frenó sutilmente cualquier intento del Congreso de ir más allá, sancionando una norma que impidiera renegociar contratos con las empresas privatizadas que mantuvieran litigios con el país ante ese tribunal arbitral. En su lugar, Rosatti prefirió en todo momento privilegiar la negociación con cada una de esas empresas y debatir caso por caso, «sin meter ruido en la línea», fueron sus palabras.
Quien escuchó a Rosatti ayer en el Senado tuvo una idea más acabada de esa estrategia del gobierno. El ministro comenzó haciendo una exposición más destinada a la prensa que a los legisladores.
«No es posible jugar a dos puntas», dijo al criticar a las empresas que renegocian con el gobierno sus contratos y al mismo tiempo litigan con el Estado ante el CIADI.
Luego bajó el tono al afirmar: «El gobierno está convencido de que los laudos pueden ser revisados por la Corte Suprema de Justicia», tal como establece el proyecto -innecesario legalmente- que propone Müller y que terminó como el único posible ante la negativa del gobierno a avanzar en más limitaciones con relación a las sentencias del tribunal.
Rosatti luego respaldó el proyecto presentado por Müller: «Yo creo que se da un mensaje muy importante a los tribunales arbitrales y al Banco Mundial, que ven que los dos poderes políticos del Estado están en la misma dirección. La Argentina lo que hace es defender sus derechos».
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