Gobierno podría perder el control sobre la crisis

Si la audiencia por el aumento en el precio del gas era un test para gobierno y privatizadas, por ser la primera tras la devaluación y la ley de emergencia, el resultado no pudo ser peor. Las autoridades del debate no pudieron mantener bajo control una audiencia que no tenía objeciones judiciales, que estaba de hecho avalada por el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, y sobre todo, que era de primordial interés para el gobierno para enfrentar de una manera más o menos ordenada la crisis energética que ya está instalada y que se va agravando.

Las declaraciones de Néstor Kirchner en Estados Unidos fueron el detonante del episodio. En realidad, el Presidente había dicho casi lo mismo varias veces con anterioridad y a nadie se le había ocurrido hasta ayer hacer una denuncia penal.

De todos modos, Kirchner tampoco parece haber medido la oportunidad de la declaración, sobre todo si se considera que, según fuentes confiables, a primera hora de la mañana se había comunicado con el ministro Julio De Vido para que se asegurara la realización de la audiencia. Tal era el imperativo presidencial que ayer en el Enargas llegó a decirse que el debate se haría aun cuando debiera hacerse a las dos de la mañana.

• Discusión

Lo que debía discutirse era el primer escalón de aumentos en el precio del gas en boca de pozo para industrias, comercios y GNC. El ajuste, además, quedó atado a volúmenes de gas que las petroleras entregarán a las distribuidoras para que éstas -a su vez-atiendan a los hogares, a las generadoras eléctricas y a las industrias con contrato firme (a estas últimas en el mismo volumen entregado el año anterior).

Sin audiencia o con una audiencia precaria, los ajustes en el gas para el invierno podrían ser frenados por la Justicia. Podría sobrevenir, además, una puja salvaje por el gas, que ya hoy empieza a manifestarse, de modo que cualquier industria con un amparo judicial a su favor puede contar con gas, al margen de las prioridades indicadas por ley y resueltas por el gobierno.

Dicho de otra forma, sin ajustes de precios, se puede suponer que las petroleras no se esforzarán demasiado por extraer gas o por mínimas inversiones que generen algún volumen adicional. Y sin un ordenamiento de las prioridades, el gobierno podría perder el control de la crisis energética.

Podría ocurrir, por ejemplo, que falte gas para las generadoras que no tienen posibilidad de utilizar combustible líquido, porque por amparos, industrias con contrato interrumpible se aseguren el suministro. Si falta generación de gas, en momentos en que no se superó la sequía, podría haber necesidad de recurrir al racionamiento eléctrico, con cortes programados a todo tipo de usuarios.

• Internas

Podría, incluso, faltar presión de gas para los hogares e interrumpirse contratos firmes o cortarse casi al mínimo la exportación a Chile, aun cuando hay cierto compromiso de que los hogares de Santiago no tendrán restricciones.

Quizás el fracaso de la audiencia por falta de autoridad refleja de alguna manera internas y rencores dentro del propio gobierno. El titular del Enargas, Héctor Formica, quedó al margen de los decretos 180 y 181, que cambian toda la regulación en el negocio del gas, al obligar a industrias y estaciones de GNC a comprar directamente a productoras.

El secretario de Energía, Daniel Cameron, parece congelado por el ministro Julio De Vido, que viene otorgando mayor protagonismo al subsecretario de Combustibles, Cristián Folgar. De Vido no comparte los criterios de Lavagna para solucionar la crisis, y todo esto termina minando la posibilidad de tener bajo control la crisis energética.

A una semana de anunciado el plan de ahorro para hogares y pequeños comercios con premios y castigos, todavía no está la reglamentación, porque hay discrepancia de criterios sobre la magnitud de los castigos a aplicar. Otras medidas siguen en debate, sin definición, a la espera, probablemente, de que el invierno no sea muy frío y que llueva.

A medida que el tiempo pasa, los plazos se acortan. El gobierno necesita un plan para distribuir los costos de la crisis energética antes del martes, y le hace falta una audiencia ordenada sobre los ajustes en el gas lo antes posible, porque hoy no hay precio para renovar contratos con industrias.