18 de abril 2017 - 00:00

Gobierno sepulta Panama Papers tras declaración de incompetencia del juez

Conferencia. Hace un año, el presidente Mauricio Macri debió enfrentar a la Justicia por figurar como director en una sociedad offshore.
Conferencia. Hace un año, el presidente Mauricio Macri debió enfrentar a la Justicia por figurar como director en una sociedad offshore.
Un fallo, con aroma a sobreseimiento, alejó a Mauricio Macri de la posibilidad de que la causa mundialmente conocida como Panama Papers obstaculice su horizonte político. El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente de seguir interviniendo en el expediente que tenía como protagonista al Presidente, y que se había ramificado hasta alcanzar los negocios de su familia a lo largo de la historia. Además, lo fraccionó en dos partes, remitiendo por un lado la posible omisión en la declaración de dos firmas offshore a una vieja causa de enriquecimiento ilícito que arrastra en la justicia ordinaria desde que era jefe de Gobierno. Ante la posible evasión que pudiera atravesarse en el medio, ordenó que el fuero penal económico se encargue de profundizar un aspecto que podría, incluso, estar prescripto. El dato central que festejó la Casa Rosada fue que Casanello echó por tierra cualquier vinculación a una operatoria de lavado de dinero, lo que desinflará el impacto político del expediente.

La primera señal la había dado el "sogazo" que la Sala II de la Cámara Federal a principios de marzo. No solo había cuestionado al juez y al fiscal Federico Delgado por la falta de "avances cualitativos" en la causa, la ausencia de brújula para conducir la investigación, y la "diversificación" de la hipótesis inicial, que se corrió de la omisión maliciosa a una megainvestigación que amenazó con salpicar la matriz de negocios del clan Macri. Al contrario de las causas contra el gobierno anterior, los camaristas exigieron que se ciñera a lo que debía investigar, y Casanello acusó recibo apoyándose en los hallazgos de la Unidad de Información Financiera (UIF) que había concluido que "en definitiva, no vemos en autos, ni teniendo en cuenta la información que obra en esta unidad, actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista en el artículo 303 del Código Penal de la Nación". Así derribó el núcleo de la acusación (y de la intervención de su juzgado federal) que buscaba indagar en el posible lavado de dinero a través de las offshore Fleg Trading Ltd. y Kagemusha SA.

Motivos

Así repasó que Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas en 2008 y que Kagemusha había sido disuelta en 2006. Tampoco "había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de u$s 9 millones de Fleg a Socma SA" (nave insignia del Grupo Macri) por lo que puso en duda la capitalización posterior en las firmas Martex do Sul, Mega Consultoría e Intron Brasil, que operaron en el país vecino, junto a Owners do Brasil. No encontró nexo cronológico entre la operatoria (que sí existió) de Owners y la creación de Fleg Trading en 1998, al igual que las participaciones accionarias de distintos familiares del Presidente.

Exhortos

Paralelamente, Casanello le bajó el precio a las respuestas de los exhortos a Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay que, a su criterio, "no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia". Nuevamente apoyado en la UIF, Casanello destacó que el negocio de los Macri a través del sistema "Pague Fácil" se llevó a cabo en el vecino país, y agregó que las operaciones se remontan a casi veinte años atrás, con lo que hubo coincidencia con la fiscalía en que esos movimientos de dinero eran "atípicos" y que hasta podrían encontrarse prescriptos por haber transcurrido dos décadas. Esgrimió también una defensa del trámite que le dio a la causa, en elíptica respuesta a la Cámara que es la única que podría torcer su decisión de jibarizar la causa.

Delito tributario

De lo pendiente, el juez rescató que sólo restaba aguardar las conclusiones a que podría arribar el organismo recaudador (AFIP) en función de las investigaciones en marcha ante esa sede. Por ende, para "determinar si la ´vida social´ de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal", ante la posible infracción a la ley 24769 sobre régimen penal tributario, ese tramo de su casa, debe ahora ser remitido a la Cámara en lo Penal Económico a fin de que se sortee el juzgado que deberá investigarla. Por lo demás, el remanente deberá ir al Juzgado de Instrucción N°20 por conexidad con otra causa que tramita allí por enriquecimiento ilícito de Macri cuando era jefe de gobierno porteño para evitar superponerse. Atrás quedó la infructosa gestión presidencial para conseguir que la justicia civil le otorgase una declaración de certeza que ratifique que no tenía obligación de mencionar la integración de una offshore, oficialmente inactiva. Nunca lo logró y en el medio debió interponer una demanda a su propio padre, Franco, por la resistencia a exhibir la documentación exculpatoria. También es poco probable que los nombres de los miembros de su familia y del directorio de Socma sean escrutados de la misma manera en busca de delitos impositivos, que por el paso del tiempo también -de existir- estarían prescriptos.

La causa Panama Papers -como tal- dejó ayer de existir, y cerró un frente que agarró mal parado al gobierno al inicio de su mandato.

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