Las alternativas del escándalo en torno al caso Greco tomaron ayer otra dirección cuando la subsecretaria legal y administrativa del Ministerio de Economía y Producción, Alejandra Taddei, denunció haber recibido telefónicamente amenazas de muerte, contra ella y su familia, según informaron escuetamente fuentes oficiales del Palacio de Hacienda.
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Taddei fue la funcionaria que el 1 de febrero pasado formuló ante el juez Sergio Torres una denuncia por administración fraudulenta contra la administración pública nacional por el denominado caso Greco.
Un vocero del Ministerio de Economía se limitó a informar que ya había denuncia formal ante la Policía Federal y que ya está actuando la Justicia.
El caso Greco fue un intento de pago de casi $ 600 millones a ese grupo económico por parte del Estado. La ministra de Economía, Felisa Miceli, denunció ante la Justicia a sus propios funcionarios -quienes elaboraron la liquidación-, mientras la Auditoría General de la Nación ya comenzó a investigar el circuito que siguió el expediente en el Ministerio. La denuncia de Miceli es, por supuesto, «fraude contra la administración pública», un delito penado con hasta seis años de prisión, y apunta a la «inadecuada defensa de los intereses del Estado» por parte de los funcionarios y abogados del Estado por no apelar la resolución judicial que intimó a pagarle al holding.
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