Habrá paritarias por incorporación de $ 200 a básico

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los «gordos» de la CGT oficial acordaron ayer debatir en las próximas semanas la reforma previsional y la incorporación del aumento no remunerativo de $ 200 a los salarios de los empleados privados. La reunión marcó el primer encuentro entre los dirigentes de los gremios privados más numerosos y Tomada desde que asumió el nuevo gobierno nacional. Se trata de viejos conocidos, ya que el ministro de Trabajo fue asesor legal de varios sindicatos de esa central obrera. Daer subrayó que la CGT tiene especial interés en la «incorporación» al salario del aumento no remunerativo de 200 pesos (lo que impactaría fuertemente en favor de las cajas sindicales) establecido por la administración Duhalde, como parte de un proceso de «recuperación del poder de compra de los trabajadores», según su evaluación. En cuanto a la reforma previsional, Daer anunció que las futuras conversaciones partirán desde el proyecto que desarrolló en los últimos meses la ex ministra de la cartera laboral, Graciela Camaño.

A este primer contacto no faltó nadie. Junto a Daer estuvieron Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Rogelio Rodríguez, Domingo Petracca y José Pedraza. Ante ellos Tomada reiteró que convocará a paritarias entre los trabajadores y empresarios de todos los sectores, para incorporar el beneficio no remunerativo de 200 pesos. El ministro sostuvo que esa decisión forma parte «del espíritu con el que Néstor Kirchner asumió al frente del gobierno, en el sentido de que la redistribución del ingreso será uno de los ejes centrales de esta gestión».

También anticipó que se evalúa la posibilidad de reabrir el registro de inscripción para aumentar el número de beneficiarios del programa de Jefas y Jefes de hogar, que en la actualidad alcanza con 150 pesos a más de 1,5 millón de personas desocupadas. No obstante, el funcionario también explicó que se analizarán todos los casos de quienes actualmente reciben el plan, para determinar la eventual existencia de irregularidades en su otorgamiento, ante la presentación de diversas denuncias sobre esa cuestión.