Hasta las elecciones, Miceli no lo deja en paz a Lavagna

Economía

Felisa Miceli no piensa frenar sus acusaciones contra Roberto Lavagna, por lo menos desde ahora hasta las elecciones de octubre, basadas en la historia y las ramificaciones del escándalo conocido como el caso Greco. Aunque está lejos de saberse todavía cómo fue que un proyecto del Poder Ejecutivo llegó al Congreso con su firma, la de Néstor Kirchner y la de Alberto Fernández con el pedido de habilitar bonos para cancelar una cuestionada deuda como la del grupo Greco, el ministerio ya presentó ante el juez Ariel Lijo una denuncia donde se describe una presunta «matriz perjudicial para los intereses del Estado». Allí se describe el supuesto modus operandi de los abogados del área Legales del Ministerio de Economía que durante años aplicaron en otros casos -además del fallido pago al grupo mendocino-, como la causa Meller o el trámite de pago de bonos en default, que complicó también a algunos jueces que habilitaron los conocidos amparos para salir del «corralito». En todos los casos se habla de una organización en perjuicio del Estado.

Esas denuncias, que lleva adelante el equipo de abogados de Miceli con Alejandra Taddei y Alejandro Rúa a la cabeza, fueron a parar también a la Oficina Anticorrupción.

El centro de los ataques son los mismos protagonistas que Economía colocó en el centro del escándalo Greco, es decir, el equipo casi completo de asuntos jurídicos durante la gestión de Lavagna en el ministerio.

Por eso en los últimos días repiten el dictamen del Procurador del Tesoro -que Economía adjuntó a la causa que lleva el juez Sergio Torres- sobre la actuación de la defensa oficial en el Caso Greco durante esa época: «No se limitó a la pobre labor de los letrados que intervinierandesignados por el secretario Pérez-, sino que además revela la ausencia de contralor por parte de quienes tienen a su cargo la supervisión de los letrados», refiriéndose a la directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; al subsecretario legal, Osvaldo Siseles, y a Eduardo Pérez. En ese mismo dictamen el procurador Osvaldo Gugliemino, ahora en relaciones más pacíficas con Miceli, pide que se profundicen las investigaciones sobre lo que sucedió con los Greco en la era Lavagna.

La forma en que se manejaron los funcionarios en relación con el juicio que los Greco iniciaron al Estado, que terminó con la homologación judicial de esa deuda consentida por el ministerio sin haber siquiera aportado las pruebas que hubieran defendido la posición del Estado, es lo que Miceli llama ahora -en un nuevo redescubrimiento del marketing judicial que alguna vez transitó Elisa Carrió- «la matriz».

  • Inclusión

    En esa metodología incluyeron, en la denuncia ya presentada al juez Lijo, el caso Meller. En esa causa el propio Lijo ya procesó, junto a María Julia Alsogaray, a Eggink, la antes mencionada directora de Asuntos Jurídicos de Lavagna. Sin freno, ahora Miceli pide también la ampliación de la investigación al resto de los funcionarios de legales de esa época.

    El caso Meller siempre fue mencionado como un antecedente directo del caso Greco por las similitudes en cuanto a la puja en torno al pago a ese grupo de una deuda cuestionada. La diferencia es que la Corte Suprema había llegado a expedirse a favor del pago a Meller y el ministerio de Economía terminó frenando la entrega de los fondos. Poco después esa causa fue el principal argumento legal que tomó el Congreso para el descabezamiento kirchnerista de la Corte de Carlos Menem.

    Néstor Kirchner -con la firma también de Lavagna-firmó el 25 de julio de 2003 el Decreto 431 en el que declaraba «nula, de nulidad absoluta e insanable» la deuda reconocida por María Julia Alsogaray al grupo Meller, así como también «todos los actos preparatorios dictados en su consecuencia, por sufrir de iguales nulidades». Y es aquí donde la historia se bifurca: Lavagna sostuvo siempre que una decisión política suya había frenado el pago a Meller y de hecho sostuvo que Miceli debió hacer lo mismo en su momento con el caso Greco, en lugar de enviar al Congreso un proyecto para emitir nuevos bonos que permitieran cancelar los $ 578 millones -tramo este de la historia que ahora Economía niega-.

    Pero ahora los abogados de Miceli dan otra vuelta a la causa: denuncian que entre los actos que Kirchner declaró nulos en esa causa está un acuerdo celebrado entre el ministerio y Meller, el 18 de marzo de 2003 -es decir, 60 días antes que Eduardo Duhalde le entregara la presidencia a Kirchner-, por el que se le reconocía a ese grupo una deuda de $ 400 millones en bonos de consolidación.

    En la denuncia se habla de una maniobra «consentida e impulsada a través de los funcionarios dependientes del área legal de este ministerio... un intento de consumar un grave perjuicio fiscal, pues a una deuda de por sí inexistente, se la intentaba multiplicar geométricamente mediante la utilización de mecanismos espurios y contrarios a la normativa vigente».

  • Bonos


  • De ahí que la ubiquen en la misma «matriz» que el caso Greco como otro hecho, que también vuelven a ventilar los abogados de Miceli: «el caso de los bonos defaulteados».

    La causa, que tramita ante la Justicia Federal de Tucumán, se abrió frente a los numerosos amparos presentados por ahorristas que pretendían salir del «corralito» financiero sin que sus depósitos fueran pesificados.

    En esa causa aparece otro funcionario de Lavagna, el subsecretario legal Siseles al que se lo encontró «incurso en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público y partícipe en la tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional».

    Vuelven aquí los cuestionamientos sobre la forma en que los abogados llevaban adelante la defensa del Estado y «las fallas en los mecanismos de control que prácticamente no se evidenciaron o no existieron». Esa causa llevó a la destitución del juez federal de Tucumán Felipe Terán y, como recuerda ahora Economía, al procesamiento de Siseles.

    Las investigaciones, de todas formas, no pararon en Tucumán. La pasión investigadora de Miceli llevó a que Alejandra Taddei, actual subsecretaria legal del ministerio, denunciara ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora irregularidades en otro expediente («Mornaghi, Ricardo Luis Rinaldo c/ Estado Nacional s/Amparo»). Allí investigan «la aparente adquisición por personas mayores de 75 años o con graves problemas de salud de títulos de la deuda pública» con posterioridad a la declaración de default «con el objeto de percibir amortizaciones y/ o intereses» y que luego se presentaban a cobrar por estar amparados en la flexibilidad que la ley otorgó a personas con esas características, sin que el Estado estuviera debidamente defendido o detectara los supuestos casos de fraude.
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