Impone el monopolio "Clarín" nueva Ley de Quiebras a medida

El gobierno y el Congreso terminaron de definir durante el fin de semana la redacción final del proyecto de ley de quiebras. En la discusión estuvieron los derechos del deudor, criterios de valuación de las empresas y hasta la inclusión de las marcas en esos valores. Pero además se incorporó una sorpresa: el gobierno está dispuesto a incluir una cláusula de protección a los bienes culturales. En esa categoría entrarían desde los circos y teatros hasta los diarios, canales de televisión y radios. Es decir, que al final de la discusión se abandonará una «ley Clarín» para redactar otra que se aplicará a todas las empresas menos al monopolio. La negociación se mantuvo hasta ahora en el máximo secreto dentro del gobierno, pero hubo contactos telefónicos durante el fin de semana con el FMI para testear la aprobación de un artículo a la medida de «Clarín». Hasta ahora el organismo no se opondría. Para la aprobación de la nueva ley de quiebras, cederían inclusive en temas tan graves como ése.

La definición de la Ley de Quiebras en el Ministerio de Economía -con participación del Congreso- tuvo el fin de semana un punto crítico. Cuando la redacción del proyecto estaba casi lista se puso sobre la mesa un nuevo artículo -para el texto de la ley no para el gobierno que lo analizaba con discreción desde hace semanas- para proteger de los alcances de la ley a las empresas dedicadas a tareas culturales incluyendo a todos los medios de comunicación.

No hubo sorpresas en los presentes a las diferentes reuniones ya que la cuestión era sabida de antemano. Ante lo irremediable de los cambios a la Ley de Quiebras votada en febrero pasado, más conocida como la «ley Clarín», las presiones del monopolio de prensa habían comenzado hace tiempo para encontrar un nuevo camino que permitiera al grupo de la familia Magnetto-Noble escapar de las propuestas de acreedores extranjeros, y también nacionales, para hacerse cargo de las empresas concursadas a cambio de sus abultadas deudas. Beneficio que no alcanzará al resto de las empresas del país.

La presión del FMI por obtener una Ley de Quiebras argentina que permitiera restaurar la seguridad jurídica de los inversores hizo dejar de lado todas las negociaciones para intentar modificar plazos, facultades del juez u homologación de acuerdos para ir directamente a un artículo que excluyera a los medios de comunicación de los alcances de la ley.

La presión de «Clarín» sobre el gobierno para conseguir esta protección especial había comenzado cuando Jorge Remes Lenicov viajó a Washington por última vez a entrevistarse con funcionarios del FMI. Un día antes de un encuentro con Anoop Singh, en la sede del Fondo, Remes Lenicov recibió una llamada desde Buenos Aires: Eduardo Duhalde le pedía consultar con los funcionarios del organismo si aceptarían incluir una cláusula para proteger de la Ley de Quiebras a los «bienes culturales». El ex ministro le dijo al Presidente en ese momento que no estaba de acuerdo en avanzar en esa línea, pero Duhalde, alegando presiones, insistió. Al día siguiente, un domingo a la mañana, Remes le llevaba el pedido a Singh. La reacción del FMI no fue negativa en un principio, pero quedó todo pendiente de negociación. Ese lunes el ex ministro debió volver de urgencia a Buenos Aires, pocos días después presentaba la renuncia y el tema quedó en suspenso.

El pasado fin de semana volvieron las presiones para incluir la «cláusula protectiva» de medios en la Ley de Quiebras. Los pedidos llegaron desde varios sectores del gobierno y el Congreso, pero todas las fuentes coinciden en que Raúl Alfonsín fue uno de los más interesados.

El gobierno no definía hasta anoche si incluiría o no este artículo. Para hacerlo debería apelar a proteger a una lista de «bienes culturales» que ya fueron enumerados por la UNESCO y algunas legislaciones modernas, para preservar el patrimonio cultural de los países de acreedores extranjeros. El problema en la Argentina es que se usaría por presión del monopolio de prensa para cubrir la deuda de un grupo empresario que no necesariamente tiene que ver con la diversidad cultural de la Argentina, sino con un negocio como cualquier otro.

Claro que de hacerlo, Duhalde impondría algunas condiciones. Por lo pronto, el grupo «Clarín» debería abstenerse de castigar al gobierno por la sanción de la Ley de Quiebras y dejar de defender al resto de las empresas que busca amparo de los acreedores por sus millonarias deudas. Es que, gracias a esa protección quedarían afuera del temido «cram down», con la posibilidad de que un acreedores se haga cargo de la empresa si los deudores no cancelan sus obligaciones. Más aún cuando se sabe que algunas empresas del grupo ya están en una situación jurídica complicada por no haber cancelado obligaciones negociables en el exterior.