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Se estima que se trata de una oportunidad que deliberadamente, en forma de retardo u olvido, el gobierno brindó a las empresas más comprometidas con exceso de personal o con riesgo de quiebra para evitar que afronten despidos tan onerosos como los impuestos por esa autoritaria medida.
De ser publicado en el Boletín Oficial, no podrá ser retroactivo y regirá desde ese momento. En la primera entrada en vigencia en enero de 2002 se demoró también la puesta en marcha (fueron 8 días hábiles administrativos) por no tener el decreto la fecha de inicio. Otro decreto luego buscó subsanar retroactivamente el período, pero un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo lo impidió.
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