La discusión por el proyecto de ley que busca crear una tasa ambiental sobre el metano emitido por la ganadería bonaerense escaló con una intensidad que pocos anticipaban. Lo que comenzó como una iniciativa orientada a financiar con el impuesto programas ambientales vinculados a residuos urbanos se convirtió en un frente político, económico y científico que enfrenta al Gobierno provincial con el corazón productivo del país.
Impuesto a los gases de las vacas: el agro habla de "sesgo fiscal" y cuestiona las bases técnicas del proyecto
La iniciativa de una diputada bonaerense para gravar las emisiones ganaderas desató un conflicto. Los cuestionamientos del sector.
El agro cuestiona el proyecto para fijar un impuesto a las emisiones de gas metano de las vacas en PBA.
La autora del proyecto es la diputada bonaerense Lucía Klug. Ella presentó un proyecto en la Legislatura provincial que propone crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano” (TAMBA), gravando las emisiones de metano generadas por la producción ganadera. Según la iniciativa, la tasa apunta a mitigar gases de efecto invernadero y financiar con lo recaudado un fondo fiduciario destinado a la gestión de residuos sólidos urbanos.
Klug, que culmina su mandato legislativo en los próximos días, justificó la propuesta afirmando que la ganadería “contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero” y que “el productor debe responsabilizarse por lo que produce”, replicando principios de “responsabilidad extendida del productor” que se usan en otros sectores industriales.
Impuesto al metano: el rechazo del agro
La presentación generó inmediato rechazo en el ámbito agropecuario y abrió una polémica intensa: muchos cuestionan la validez de medir metano bovino como equivalente CO, mientras científicos advierten que la base técnica de la medida es deficiente.
Ámbito consultó a productores, miembros de cámaras empresarias, especialistas en la materia y todos advierten que el texto parte de conceptos biológicos incorrectos, omite métricas climáticas actuales y podría establecer un precedente tributario que afecte competitividad, empleo rural y modelo productivo.
En el centro del debate, la voz de Ernesto Viglizzo, ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, investigador principal del CONICET, exinvestigador del INTA y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, se impuso como una referencia técnica para evaluar el alcance real del proyecto. Viglizzo planteó en diálogo con Ámbito tres falencias fundamentales: una biológica, otra fiscal y una tercera político-ideológica. Según explicó, el debate se ha simplificado hasta niveles que distorsionan el fenómeno que se busca regular.
“Todos los seres vivos producimos metano —humanos, mascotas, aves, rumiantes— y el ganado bovino representa solo el 15% del total global”, detalló Viglizzo. Recordó que el 85% restante proviene de actividades como la industria petrolera, los basurales, los arrozales o los pantanos. En esa línea, subrayó que evaluar el impacto del metano sin considerar su tiempo de permanencia en la atmósfera —apenas una década, frente a los cien años del óxido nitroso o los mil del dióxido de carbono— constituye un error conceptual básico.
Para el investigador, el proyecto parte de una lectura biológica incorrecta que confunde fuentes emisoras, mezcla gases de distinta naturaleza climática y aplica criterios simplificados a sistemas pastoriles complejos.
El segundo problema, según Viglizzo, es fiscal: la iniciativa se suma a una larga tradición argentina de crear tributos “insólitos”, muchas veces sin comprender el objeto gravado. En este caso, el impuesto “revela ignorancia científica” y aplica criterios tributarios sobre procesos biológicos mal interpretados.
Finalmente, introdujo el componente ideológico: sectores políticos que proponen reformas agrarias y cuestionan la propiedad privada habrían encontrado en el metano “un argumento simbólico para castigar a la supuesta oligarquía vacuna”. Según Viglizzo, “ciertos sectores de la militancia ideológica y política -que mal llamaremos “progresistas”- ven en la propiedad de la tierra y en la propiedad de los animales una base de injusticia social”.
Sin embargo, el proyecto ignora que más del 75% de las tierras áridas y semiáridas del país solo pueden sostener actividades ganaderas de baja escala. “¿Qué harán con las familias rurales que dependen de unos pocos animales para sobrevivir?”, cuestionó.
En sintonía con Viglizzo, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), afirmó al ser consultado por Ámbito que la propuesta es “recaudatoria, desactualizada y técnicamente incorrecta”. El dirigente insistió en que el debate climático moderno dejó atrás el concepto de emisiones aisladas para pasar al balance de carbono, que incluye tanto lo emitido como lo capturado.
Destacó que la ganadería argentina opera en un sistema biogénico circular, donde el metano es reabsorbido por las pasturas y suelos que funcionan como sumideros, mientras que los sistemas productivos fósiles —energía, transporte, industria— generan gases que permanecen siglos sin capacidad de captación.
“El campo argentino realiza un servicio ambiental que nadie menciona: captura una parte del CO que emiten otros sectores”, señaló. Además, remarcó que el proyecto no distingue entre modelos productivos ni reconoce las particularidades de sistemas extensivos que presentan balances climáticos favorables.
En tanto, la Cámara Argentina de Feedlot también rechazó el proyecto al considerar que la tasa “no es ambiental, sino recaudatoria”. La entidad sostuvo que el texto busca financiar programas de gestión de residuos urbanos mediante un impuesto que desconoce la dinámica biológica de la ganadería y su rol en la economía bonaerense.
Desde el sector plantean que la medida podría elevar costos, desalentar inversiones y afectar el empleo rural en una actividad que aporta arraigo y valor agregado en el interior de la provincia. También cuestionan que la propuesta iguale modelos productivos que funcionan con parámetros ambientales diferentes.
Vale la pena recordar que investigadores del INTA y del Conicet remarcaron en varias ocasiones que el metano ganadero es un gas de ciclo corto que integra un sistema de captura y liberación estable en ecosistemas pastoriles. Los enfoques tributarios que aplican métricas diseñadas para emisiones fósiles pueden generar distorsiones y penalizar sistemas que, en muchos casos, presentan balances neutros o positivos. Por eso, la comunidad científica insiste en que cualquier regulación debe incorporar métricas más avanzadas —como GWP* y evaluaciones integrales de flujo— para evitar interpretaciones que simplifican fenómenos complejos.
Impacto social de la ganadería
Uno de los puntos más relevantes que plantea Viglizzo es el impacto social de la medida: gran parte de las tierras secas argentinas no permiten agricultura y solo sostienen pequeños rodeos de ganado bovino, caprino u ovino. En estos territorios, un tributo adicional podría profundizar la desigualdad socioeconómica y desencadenar procesos de migración rural.
El investigador advierte que el proyecto iguala sin criterio a productores pampeanos de escala empresarial y a poblaciones marginales que dependen exclusivamente de la ganadería para subsistir. Ese “tratamiento uniforme”, señaló, muestra un profundo desconocimiento del territorio argentino.
Aunque el proyecto aún no ingresó formalmente al recinto, ya motivó pedidos de informes a organismos técnicos y encuentros reservados entre legisladores. Su avance dependerá de la capacidad de reformular criterios, incorporar evidencia científica y atender las particularidades productivas y sociales de la provincia.
Por ahora, la “tasa al metano” abre un debate que combina ambiente, economía y política en partes iguales. Y deja al descubierto una pregunta central: ¿es posible legislar sobre gases de efecto invernadero sin comprender primero cómo funcionan los sistemas biológicos que se pretende regular?
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