La noticia de que el gobierno volvería a insistir con imponer un impuesto a los depósitos a plazo fijo de las empresas, no impactó ayer en la plaza financiera local.
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Un sondeo realizado ayer entre las principales entidades financieras reveló que las operaciones no reflejaron movimientos fuera de lo normal. Ello fue constatado también con funcionarios del Banco Central. Si bien noviembre está registrando una caída de aproximadamente 700 millones de pesos en el total de plazos fijos privados, «estos corresponderían a empresas y no a particulares», señaló un alto funcionario del organismo monetario. Pero cabe señalar que esta merma en las colocaciones a plazo fijo son anteriores a la iniciativa del gravamen. «Hoy (ayer) no hemos tenido ni cancelaciones ni colocaciones fuera de lo normal. En general tanto el público como las empresas no reaccionaron a la noticia de un impuesto al plazo fijo», coincidieron los jefes de las mesas de dinero de dos bancos extranjeros.
Desde el Central las preocupaciones estuvieron más enfocadas a lo que acontecía con las reservas (ver nota aparte), y a convalidar las estimaciones sobre el total de plazos fijos corporativos. «Las últimas estimaciones nos daban que entre 22 y 23% de las colocaciones totales privadas correspondía a empresas», señalaba un técnico del Central.
De prosperar el impuesto al plazo fijo de las empresas, estaría afectando hoy a cerca de 13.700 millones de pesos. Es decir aproximadamente 25% del total colocado a plazo fijo.
El resto, es decir 41.100 millones de pesos, no sería por lo tanto alcanzado por el impuesto a los plazos fijos. Estas colocaciones son las realizadas por los particulares. Así, el público en general no debería preocuparse por la implementación de este nuevo impuesto.
La idea del equipo económico es compensar la deducción que realizan las empresas por los intereses que pagan por sus deudas, y los intereses que reciben por sus colocaciones.
En el actual contexto de alta incertidumbre, las huestes del Palacio de Hacienda no optan, por ahora, con embestir sobre los plazos fijos del público porque reconocen que generarían un importante drenaje de fondos del sistema financiero local.
