A pesar de la suba de precios, Guzmán defiende su meta de inflación para este año

Martín Guzmán.

@Martin_M_Guzman

Martín Guzmán le intenta llevar tranquilidad al Gobierno en el tema económico que hoy más preocupa. Especialmente dentro del ala política. Con el apoyo de varios integrantes el peso del gabinete, pudo convencer a todos los altos dirigentes del oficialismo (dentro y fuera del Ejecutivo), que la inflación hoy es un problema serio; pero que para las elecciones de octubre (y aun antes) se podrán mostrar éxitos importantes. Y que en lugar de estar hablando de alzas de entre 3,5 y 4% mensuales, se estarán mostrando indicadores de 2%. O incluso menos. Y que su teoría sobre una inflación de 29% para el año no será defendible en términos de todo el 2021, pero sí para la comparación interanual. Dicho de otra manera, afirman desde el ministerio de Economía; que para el momento de ir a votar la comparación entre julio, agosto, septiembre y octubre próximos, contra los mismos meses del año pasado; mostrará alzas de no más del 30% en lugar de la comparación superior al 40% de estos tiempos.

En las últimas jornadas, Guzmán se tomó el trabajo de dar señales dentro del oficialismo para mostrar que la estrategia actual es la adecuada; y que se debe mantener la calma. La misma que él aplica en el momento de analizar la situación con los principales referentes políticos del gobierno de Alberto Fernández. Pide además mayor poder de ejecución de sus políticas monetarias y fiscales para poder encarar la cruzada. Reconocen en el Gobierno que marzo no será un buen mes, y que probablemente se supere el 3,6% de febrero; completando un inevitable acumulado de 11% en el primer trimestre del año. Surge así el primer desafío del ministro. Que el segundo trimestre del 2021 (abril- junio), complete un alza menor que demuestre que el ritmo de incremento comienza a desacelerarse; llevando a un nivel no mucho mayor a 2%. Saben en el oficialismo que es un período complicado para que las proyecciones se cumplan, dado que son los tiempos en los que la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia negocian sus paritarias. El Gobierno defiende a rajatabla el porcentaje de 30/32% de alza para los salarios este año; y se convierte en imprescindible que el ritmo inflacionario baje para que los principales sindicatos del país acepten esa frontera. Como contrapartida, desde Economía se afirma que sería una gran señal para que la política antiinflacionaria sea creíble; que las paritarias coincidan con la meta anual que defiende Guzmán.

El ministro asegura que el ala económica del oficialismo hará su parte. Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se augura una período de “pax cambiaria” hasta, mínimo, las elecciones legislativas de octubre. La entidad que maneja Miguel Pesce trabaja en estos tiempos en sintonía con Economía, incluyendo la misión difícil de manejar la emisión monetaria y los “rulos” financieros para controlar la velocidad de circulación de los pesos.

Desde el ministerio de Producción de Matías Kulfas aseguran que dos factores expansivos de los precios, comenzarán a estar bajo control. Según la cartera, los alimentos tendrán un periodo de mas tranquilidad y los acuerdos con las grandes empresas empezarán a dar mejores resultados.

Sin embargo, aún quedan capítulos sueltos para que la proyección que defiende Guzmán se cumpla. El capítulo tarifas aún es una incógnita dentro del Ejecutivo. El ministro no pudo aún convencer al “ala política legislativa” (como se la llama respetuosamente desde los despachos ministeriales económicos), sobre la necesidad de reducir la presión de los subsidios a los servicios públicos sobre el costo fiscal. Guzmán ya tuvo al menos dos reuniones personales con Cristina Fernández de Kirchner donde el tema se debatió, por ahora sin éxito. Desde las oficinas que asesoran a la vicepresidenta se defiende el tope de 9% promedio para todo el año en cuanto al incremento de las tarifas de servicios públicos; con el compromiso de volver a hablar el tema para noviembre con proyección al 2022. Economía considera la alternativa más que peligrosa. Se asegura que esto implicaría un incontrolable aumento en los gastos de subsidios, que podría desequilibrar la meta presupuestaria.