Insisten bases ruralistas con un megaacto de protesta el 25
Porque se sienten fuertes en la pulseada con el gobierno o debido a la exigencia de sus bases regionales, los dirigentes de las entidades ruralistas que rechazan la política oficial decidieron ayer prolongar por seis días más el paro, en las mismas condiciones actuales (es decir, con cortes al paso de camiones con granos para exportación). Agresivos, también le redoblaron la respuesta al llamado a dialogar del gobierno. Pero, con una agenda precisa que encabeza el tema polémico de las retenciones móviles, punto central de su queja. No se quedan ahí: quieren acto multitudinario el 25 de mayo, junto al Monumento a la Bandera, en Rosario, lugar sobre el cual ya comenzó la clásica interna en torno a concurrentes y espacios en el escenario. Seguro que asistirán intendentes excomulgados del kirchnerismo de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires que apoyan la protesta. ¿Dejarán las entidades rurales sumir este acto de protesta contra el gobierno en la dialéctica de la política? Anoche, Elisa Carrió afirmó que concurrirá. No hará lo mismo Mauricio Macri -permanecerá en Capital Federal-, pero sí irán legisladores de su bloque parlamentario. También Francisco de Narváez hacía consultas para pedir participación, aunque se lo confiesa como un activo sostén de la protesta. Las entidades que encabezan la queja afirman que convocan a un acto sectorial, no político, y que se resistirán a que se los confunda con pujas de poder. Si hasta juran que invitan a todos, hasta a Néstor y a Cristina de Kirchner.
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Los presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías; Federación Agraria
Argentina, Eduardo Buzzi, y Coninagro, Fernando Gioino, durante el anuncio en Santa
Fe de la continuidad del paro agropecuario hasta el próximo miércoles.
«Hay que reconocer que hay un mensaje más conciliador por parte de la Presidente, pero también es cierto que las soluciones no están, por eso le pedimos esta audiencia. Además, hay que destacar que la protesta de hoy es muy diferente de la anterior: no cortamos las rutas y dejamos pasar todo tipo de alimentos. Llevamos a cabo un paro pasivo al costado de las rutas sin dejar pasar los granos para la exportación e informando a los que circulan sobre la realidad del campo», dijo.
A su turno, el titular de CRA, Mario Llambías, afirmó que «no es una contradicción mantener el paro y pedir una audiencia a la Presidente. Por el contrario, creemos que con una audiencia podemos encontrar las soluciones que necesitamos».
Al ser consultados sobre el discurso del piquetero Luis D'Elía, titular de la Federación Tierra y Vivienda, sobre el «llamado a dialogar», Llambías ironizó: «Eso lo puede contestar Luciano», en una clara alusión al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, que fue atacado por un grupo de piqueteros K el miércoles al salir de la entidad ubicada en el centro porteño.
Aunque finalmente la respuesta la dio Buzzi: «Nosotros no somos piqueteros de oficio o cortadores de ruta, estamos haciendo piquetes ocasionalmente por los problemas que tenemos pero no nos dedicamos a cortar rutas. Por el contrario, queremos volver a trabajar al campo». Llambías agregó que «no vimos la conferencia de prensa de D'Elía porque estábamos trabajando, no sé qué cargo tiene hoy en el gobierno pero no es un interlocutor válido para negociar».
Con respecto a la suba de precios de los productos de primera necesidad, los presidentes volvieron a ratificar que los productores no son formadores de precios y afirmaron que el secretario de Comercio Exterior, Guillermo Moreno, fracasó con su política de precios.
«Moreno fracasó con su política en trigo, carnes y leche. Si la voluntad del gobierno es mantener al funcionario en su cargo deberían revertir la política de precios», aseguró Llambías.
Lo cierto es que el impacto del paro ya se hace notar de una manera fuerte y no sólo en la comercialización de granos, que hoy ya es nula, sino en muchas actividades que dependen del campo en el interior del país.
Hay más de 100.000 trabajadores afectados en las fábricas de maquinaria agrícola y más de 15.000 en los frigoríficos. Además, se frenaron muchas operaciones inmobiliarias.




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