El Congreso se apresta a reunir mañana 2/3 para rechazar el veto del Ejecutivo al poco serio jubileo de morosos, incorporado en la ley de hábeas data. Sólo está garantizado el número necesario en el Senado, donde la hegemonía justicialista prevalece. En ese cuerpo se fijó un amplio blanqueo de los registros de deudores, cuyos integrantes hayan cancelado las deudas correspondientes al momento de sancionada la ley.
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Diputados, que ahora podría mantener el veto, eliminó el artículo 47, pero -en la vuelta- a la Cámara de origen, el 5 de octubre pasado, se insistió con la versión original, defendida a capa y espada por Jorge Yoma (PJ-La Rioja). El gobierno nacional quiso terminar de poner sensatez a la cuestión al vetar el jubileo.
Precisamente, Yoma ya consiguió que la Comisión de Asuntos Constitucionales -que él preside-emitiera el dictamen que da por tierra con la resolución del PEN. Sumó a su cruzada a los peronistas Eduardo Menem, Carlos Sergnese (San Luis), Jorge Oudin (Misiones) y Angel Pardo (Corrientes), entre otros, más los radicales Luis Molinari Rome-ro (Córdoba) y Alberto Maglietti (Formosa). Esta pluralidad de firmas le garantiza, de sobra, el número suficiente para mantener el blanqueo en las últimas horas del período de sesiones ordinarias.
Diputados
En la Cámara baja, el bloque PJ también inició una ronda de conversaciones para montar un operativo similar y rechazar el veto. Pero los aliancistas están en condiciones de hacer prevalecer el criterio oficialista y suprimir el festival del moroso.
Yoma insistió en que «hay que corregir el abuso que las entidades de información crediticia hicieron de este tipo de datos personales, tal cual vienen reclamando las organizaciones de defensa de consumidores». PyMEs y ONG desfilaron por el despacho de Asuntos Constitucionales para obtener que quienes hayan regularizado su situación sean borrados de las calificadoras de riesgo.
El hábeas data, que goza de rango constitucional desde la reforma de 1994, regula los registros oficiales y privados que administran datos, desde los que posee el Banco Central hasta la SIDE, pasando por las empresas que proveen servicios a los bancos y financieras.
Primer veto
En 1996, se aprobó la primera ley reglamentaria que fue vetada totalmente por Carlos Menem. En ese momento, el problema central fue, obviamente, el mismo de ahora: la oposición del sector financiero al control de los datos que los bancos solicitan para evaluar la solvencia de un cliente.
En aquella norma, se obligaba a las entidades financieras a un trámite insólito, consistente en pedir autorización al titular de un dato para la cesión de información a un banco.
