«Ustedes saben cómo está el país...», les dijo Chrystian Colombo a los dirigentes del campo cuando le reclamaron al gobierno subsidios que definieron como «un auxilio económico extraordinario no rein-tegrable» para los productores afectados por las inundaciones. En la cabeza de la dirigencia ya había una cifra cercana a los $ 15.000 para cada productor inundado, que en cálculos groseros totalizarían una ayuda al campo cercana a los u$s 200 millones. «Lamentablemente la situación es muy grave y lo que estamos pidiendo es una reprogramación de los pasivos, alguna eximisión de impuestos y postergación de vencimientos. Pero fundamentalmente queremos buscar la manera de mantener a la gente en la zona para que no haya migración hacia otros lugares», decía el titular de Coninagro, Mario Raitieri.
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Pero la respuesta del gobierno fue clara: el pedido será llevado por Colombo a la próxima reunión de gabinete y si prospera se elevará un proyecto al Congreso de la Nación con el fin de conseguir una partida presupuestaria. En definitiva, el resultado no fue el que esperaban los hombres del campo.
Raiteri como titular de Coninagro, Eduardo Buzzi, como presidente de Federación Agraria Argentina, Luciano Miguens como cabeza de la Sociedad Rural Argentina y un triunvirato por Confederaciones Rurales Argentinas, con diversos matices, se enfrentaron a las posturas presentadas por René Bonetto, secretario de Coordinación para la Provincias, a quien le reclamaron «definiciones más que anuncios de obras entre las provincias afectadas por las inundaciones», según admitía un dirigente.
Con este panorama, los inundados no deberían esperar una ayuda adicional del gobierno central que se sume a la tan criticada y obsoleta Ley de Emergencia Agropecuaria que como beneficio sólo suspende el pago de impuestos a los productores afectados.
En el encuentro -del que participó también Eduardo Manciana, subsecretario de Economías Regionales de Agricultura-se discutió sobre la suspensión de ejecuciones bancarias, pero la prioridad para los dirigentes se centraba en las ayudas no reintegrables, es decir los subsidios, y en ese aspecto «nos retiramos con las manos vacías», graficó Buzzi.
Más moderado, el ruralista Luciano Miguens apuró a decir que «no hay un fracaso del diálogo con el gobierno. Lo que queremos son soluciones rápidas, sobre todo para la gente que hoy tiene sus campos inundados. Necesitamos señales positivas para los productores. Sabemos que las soluciones son muy difíciles en estos momentos para el gobierno, pero también es grave la situación en cinco provincias. Pensamos que sería muy bueno la instrumentación de soluciones de coyuntura lo antes posible para que -si el tiempo nos ayuda-volver durante el verano a poner a poner en marcha la producción en esos campos».
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