Los principales ejecutivos de casas de cambio porteñas y de bancos que operan en el mercado cambiario quedaron en la mira de la Justicia, tras los allanamientos que se produjeron el martes. La causa impulsada por el Banco Central recayó en la jueza María Servini de Cubría, que investiga si se produjo el delito de asociación ilícita en la venta de dólares, que luego se comercializaron en el circuito informal.
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Tal como adelantó ayer Ambito Financiero, durante todo el martes, en un amplio operativo por el microcentro, la Policía Federal, por orden judicial, se llevó voluminosas carpetas con información de cada una de las entidades. «La causa principal es asociación ilícita, pero veremos si no corresponde también la investigación por lavado de dinero», señalaron fuentes judiciales.
Básicamente, Servini de Cubría pidió tres datos a las entidades:
Un detalle de todas las transacciones cambiarias efectuadas desde julio de 2007 hasta la actualidad, siempre que hayan superado los 1.000 pesos (equivalente a poco más de u$s 310 dólares).
Legajos y fichas personales de quienes compraron o vendieron dólares por un valor equivalente a 30.000 pesos durante un mes calendario.
Por último, operaciones cambiarias efectuadas por determinados individuos. Cada institución recibió pedidos específicos en relación con transacciones que quedaron en la mira del Central.
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