La causa «Di Biase» es una multimillonaria defraudación a la administración pública a través de evasión fiscal. Es un caso de dimensiones espectaculares y de final abierto. Sólo la causa madre involucra a 400 empresas de renombre que, de acuerdo con la investigación, adquirían facturación ilegal o ficticia para obtener beneficios fiscales. Entre las firmas imputadas hay del rubro de la construcción, agropecuarias, metalúrgicas, bancos, grupos empresarios y hasta el Hospital Francés, una institución vinculada al gobierno nacional. Una incógnita este último tema.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Según el expediente judicial, el carpintero Luis Di Biase, con ayuda de un grupo de contadores y empleados de la DGI, montó una empresa fantasma llamada Caliban (que luego pasaría a llamarse Infiniti Group) para desarrollar un fabuloso negocio que abarcaba desde operaciones inmobiliarias hasta la venta de porotos y lentejas. El interrogante que se plantean los investigadores ahora es si estas operaciones fueron armadas para obtener ventajas impositivas (es decir, se truchaban boletas para engañar al fisco, típica picardía argentina) o realmente existiría una organización que excede los negocios del grupo Caliban y tiene como fin procurar la obtención de cifras millonarias para financiar aún no se sabe qué.
Concretamente, la sospecha es que se estaría ante un posible delito de «lavado de dinero». Por eso, además del Juzgado en lo Penal Tributario Nº 1 porteño, de Javier López Biscayart, en el caso comenzó a intervenir la Unidad de Información Financiera (UIF). La agencia es responsable de reunir y analizar datos sobre presunto lavado de dinero y otros crímenes financieros y, eventualmente, establecer si ello sirve para financiar el narcoterrorismo o actividades menos resonantes, como la política. Por ley, los bancos están obligados a reportar operaciones financieras sospechadas de encubrir actos de lavado de dinero a la UIF y al BCRA. Si no lo hacen, son penalmente responsables de la omisión.
Como dato vale señalar que el Juzgado Federal Nº 3 tendría en su poder un informe preliminar de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal en el cual se afirmaría que el reciente incendio en uno de los pisos de la AFIP fue intencional. Y que habría tenido como finalidad borrar pruebas de la megacausa Di Biase, conocida como el expediente 1.705/2005.
Hace quince días, el juez López Biscayart le ordenó al jefe de la División Jurídico Contable de la Policía Federal Argentina, comisario José Luis Rodríguez, allanar las oficinas de Noreste Bursátil Sociedad de Bolsa. En rigor, fue siguiendo un rastro de la causa Di Biase.
El procedimiento duró seis horas y del lugar se retiraron 11 cajas de documentación relacionada con cambios de valores de los períodos 2005 y 2006 que en el lugar habrían efectuado esos contribuyentes, entre los que se cuentan Wal-Mart Argentina SA, Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia (Hospital Francés), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Compañía Mexicana de Aviación y un centenar de empresas resonantes.
El allanamiento se hizo en presencia de Fernando Omar Nesis, director de Noreste Bursátil y presidente de Asset Swap SA, a quien se le incautó un libro codificador de comitentes, certificados de firmas de Indalme SA y San Gabriel SA, órdenes de pago emitidas por Noreste Bursátil, legajos y computadoras. Además del juez, también hubo personal del Departamento de Investigaciones de la Direcciónde Grandes Contribuyentesde la AFIP-DGI.
En el Juzgado mencionado se está analizando la documentaciónencontrada. En especial la relacionada con la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia. Esa institución está en el centro de la tormenta por un conflicto gremial que terminó complicando al gobierno nacional. El interventor José Luis Salvatierra debió renunciar luego de recurrir a barras bravas para enfrentar a los delegados gremiales. Se trata de un grupo político de estrecha cercanía al gobierno, constituido por Walter González; el superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, y Néstor Vázquez. Ahora se negocia la constitución de un fideicomiso con aportes del Tesoro nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires que permita sostener el salario de los empleados.
Las investigaciones no han avanzado todavía en un rumbo definido, pero se están auditando y estudiando operaciones bancarias relacionadas con facturas truchas.
Dejá tu comentario