Italia salva a bonistas y pedirá una nueva oferta

Romano Prodi

«Ciertas enfermedades sólo el tiempo las puede curar»... Este antiguo proverbio pareciera ajustarse perfectamente a las relaciones argentino-italianas. Ambas partes -con grandes esfuerzos diplomáticos, políticos y empresariales- tratan de soslayar (mientras buscan soluciones de fondo) el problema del default de los «tango bonds» o «holdouts» para quienes no quisieron entrar en el programa de reestructuración de la deuda con quitas de 65%.

Los principales personajes políticos italianos sobrevolaron nuestro país sin visitarnos (como el primer ministro italiano, Romano Prodi). Pero el presidente de la Cámara de Diputados, Fausto Bertinotti, y numerosos senadores y diputados italianos sí lo hicieron, acercando silenciosamente preocupación y disponibilidad para encontrar una salida al problema.

Esta buena predisposición fue retribuida por el vicepresidente, Daniel Scioli, en su visita a Italia. Los «fondos durmientes» en los bancos italianos constituyen una buena alternativa para resolver este conflicto. Se llama así a las cuentas corrientes, cajas de ahorro o contratos de seguros con depósitos de hasta 100 euros que en el término de 10 años no han producido movimiento financiero alguno y que, cumplidos los plazos legales, pasan a las arcas del Estado italiano.

Notificación

Mediante Ley N° 266 del 23/12/2005, a fin de ser aplicada en el Presupuesto 2006 de Italia (Ley Berlusconi) y por reglamento del mes de mayo de 2007 (Prodi), se dispuso que los fondos que se recauden por este concepto serán aplicados «a indemnizar a los ahorristas que invirtiendo en el mercado financiero han sido víctimas de fraudes o que han sufrido un daño injusto, comprendidos los acontecidos por el default de los títulos públicos de la República Argentina».

A tal fin, las autoridades bancarias italianas deberán notificar obligatoriamente y de manera fehaciente a los titulares de los depósitos mencionados, al último domicilio fijado, que serán de libre disponibilidad las sumas de dinero (hasta 100 euros) que no sean reclamadas dentro de los 180 días posteriores a su notificación. Los bancos, al 31 de marzo de cada año, notificarán al Ministerio de Economía y Finanzas de los fondos inmovilizados y disponibles, los cuales, a su vez, serán publicados en un diario de tirada nacional y en el sitio Web del citado ministerio.

El dinero recaudado será administrado por una comisión compuesta por un presidente de sección del Consejo del Estado. Lo presidirá un consejero de la Corte de Cuentas, un dirigente del Departamento del Tesoro, otro del Banco D'Italia, más representantes de los ahorristas designados por el Consejo Nacional de Consumidores y dirigentes de los organismos denominados ISVAP y CONSOB (comisión de valores italiana).

Dentro de los cuatro meses siguientes a la intimación realizada a los titulares de cuentas, los fondos no reclamados serán girados para su debida distribución entre los damnificados ya citados. El art. 6 de la mencionada Ley Nº 266 refiere que las autoridades de Vigilanza e Controlli verificarán «el exacto cumplimiento por parte de los intermediarios» (bancos, seguros, etc.) de las responsabilidades atribuidas. Según el representante de ahorristas italianos damnificados, el abogado ¿calabrés? residente en la Argentina Tulio Zembo, a partir de enero próximo se tendrá una idea de las sumas recuperables. Según las asociaciones italianas de Defensa al Consumidor superarán los 10.000 millones de euros anuales.

Este dinero permitiría cambiar el perfil de la deuda. En primera instancia, liberaría a los bancos italianos de su eventual responsabilidad ante los compradores de bonos,y convertiría al Estado italiano en el único acreedor de estos títulos. Seguramente, ambos países encontrarán mecanismos de solución (por ejemplo, la capitalización de deudas como parte de inversiones),y quedará así finiquitadoel problema de fondo. Faltará analizar qué pasarácon los italianos -en su mayoría inversores jubiladosque se vieron obligados a malvender estos bonos a fondos de inversión que los compraron a su vez a menos de 30% de su valor (¿Les pagará el Estado italiano la diferencia?); también qué suerte correrán los poseedores actuales que esperan resarcirse de sus inversiones con una interesante tasa de retorno.

La Argentina necesita tener acceso al mercado financiero internacional y deberá despejar las dudas existentes. Esta interesante y original «solución a la italiana» podría aplicarse a los inversores de otros países damnificados, y ayudar así a resolver el problema.