Jubilaciones: posibles escenarios y el impacto fiscal para 2020

Según un estudio de la Fundación Mediterránea, quienes no cobren los bonos en diciembre y enero podrían tener una pérdida del 5,7% en términos reales. Aquellos que sí lo perciban podrían ganarle a la inflación por el 6,9%.

Uno de los artículos que más polémica generó dentro de la ley de emergencia impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, fue el que desactivó la manera de calcular las jubilaciones. En ese contexto, el IERAL de Fundación Metropolitana trazó posibles escenarios sobre lo que puede ocurrir con los haberes en el próximo año y el impacto fiscal que tendrá para el Estado.

“La nueva ley establece el otorgamiento de dos bonos de sumas fijas iniciales de $5.000 durante los meses de diciembre y enero, para pasivos con haberes inferiores a $19.000 mensuales. Esto implica un beneficio que se añade al incremento en el haber mínimo otorgado por la Ley de Movilidad anterior, que los situaba en unos $14.068 mensuales. Teniendo en cuenta esta medida, que alcanzaría a unos 4,5 millones de pasivos, los haberes que efectivamente acabarían percibiendo como mínimo durante diciembre “serían de $26.102 (incluyendo el SAC) y en enero 2020 un total de $19.068 como mínimo”, señaló el informe, el que agregó: “En cambio, los pasivos que no se encuentran alcanzados por esta medida percibirían un haber efectivo promedio de $39.512, incluyendo el SAC en diciembre y $26.342 para enero, sin mejoras en sus beneficios previsionales”.

Para los perceptores de los aumentos de suma fija de diciembre y enero, esos $10.000 que les serán abonados representan un 36% de los ingresos reales perdidos durante 2018 y 2019, “en los cuales la fórmula de movilidad les había conferido incrementos interanuales en sus haberes del 28,5 y 51,1 respectivamente, mientras que la pauta inflacionaria acabó siendo del 47,6 durante 2018 y podría esperarse que cierre en 54,4% anual para 2019”. Esa suma fija, evidentemente, ocasiona mejora en los términos reales en el poder de compra de ese segmento; pero quienes no se encuentran alcanzados por esa medida “muy probablemente sufrirán un deterioro real de sus percepciones”. Al menos, hasta que en marzo se pueda alcanzar alguna suba delineada por el Ejecutivo.

Resta saber qué ocurrirá a partir de marzo y cómo se calcularán entonces los haberes. “Lo más probable es que se elija una situación en la que la mayoría de los jubilados no pierden contra la inflación durante 2020, o inclusive no pierdan contra lo que hubiera sido el ajuste por la anterior movilidad, mientras que una minoría pierde contra la movilidad anterior e inclusive versus la inflación, pero que en la suma total del gasto previsional, su peso sobre el PBI caiga en 2020, por las restricciones fiscales que enfrenta el gobierno”, señaló IERAL.

En ese contexto, el informe presentó dos escenarios respecto de una eventual actualización de los haberes previsionales. “Para ambos casos se supondrá que la inflación del año 2020 será del 35% anual, mediante una situación de desaceleración inflacionaria progresiva a medida que transcurra el año. En un primer escenario se supone que las jubilaciones alcanzadas por las sumas fijas conferidas se actualizan por inflación esperada bajo el caso propuesto. Por su parte, en otro escenario, las jubilaciones no alcanzadas por los bonos de suma fija, de manera que acaben 5 puntos porcentuales por debajo del umbral inflacionario en junio, y a partir de allí ajusten como la inflación”, analizó el estudio.

Otro escenario, en tanto, “supone que las jubilaciones alcanzadas por los bonos obtendrían incrementos por encima de la pauta inflacionaria (del 11,6%, 11%, 9% y 7% trimestralmente durante 2020), aunque por debajo de lo que hubiera conferido la Ley de Movilidad en suspenso. En tanto, los pasivos que no fueron alcanzados por los bonos de fin de año, presentan una movilidad en línea con la pauta de inflación trimestral asumida para 2020, antes y después de junio”.

La Ley de Movilidad en suspenso hubiera otorgado un aumento del 11,6% en marzo y otro 12,3% en junio. “A partir de entonces (para las subas de septiembre y diciembre), los incrementos que hubiera conferido esta legislación dependerían de la pauta inflacionaria observada durante el primer y segundo trimestre de 2020. Bajo el escenario de inflación analizado estas subas acabarían siendo del 10,4% y 7,8%, respectivamente”. En la comparación de haberes efectivos reales entre diciembre de 2019 y noviembre de 2019 bajo los escenarios planteados, y sin incluir los respectivos medio aguinaldo y bonos de suma fija, se percibe que “la Ley de Movilidad hubiera promovido incrementos reales de los haberes en más del 10% interanual, en tanto que en los escenarios planteados los haberes podrían ir desde una pérdida del 5,7% real (haberes mayores a la mínima) hasta ganarle a la inflación por 6,9% (haberes de la mínima cuando los montos fijos otorgados ubican a la mejora en una situación intermedia entre la inflación observada en el período, y la mejora que hubiese correspondido por movilidad)”.

Finalmente, el estudio analizó el peso fiscal del sistema previsional. “Con la Ley de Movilidad en suspenso el sistema hubiera alcanzado una incidencia cercana al 9,2% del PBI, superando al 49% del gasto primario del Sector Público Nacional. Al salir de este mecanismo de actualización y producirse subas bajo esquemas alternativos, podrían encontrarse situaciones de ahorro fiscal”, detalló el informe.

“Así, en un escenario en el cual los pasivos con haberes más altos perdían poder de compra, el gasto en pensiones podría llegar a deducirse en 0,5 puntos porcentuales del PBI con relación a lo que se esperaba por Ley de Movilidad en suspenso, aunque 0,1 puntos porcentuales más alto que las cifras relativas a 2019. Algo similar ocurre si se analiza este impacto en términos del gasto primario, el cual bajo este escenario resultaría en un 46,8%. Por su parte, bajo el segundo escenario (donde todos los pasivos le ganan o no pierdan frente a la inflación, aunque pierden versus la Ley de Movilidad), también presenta un escenario de mayor ahorro fiscal, con un peso del gasto en pensiones que ascendería al 8,9% del PBI y el 48% del gasto primario”, remarcó IERAL.

La conclusión del informe analizó, de todas formas, la necesidad de “preservar y construir paulatinamente un sistema de seguridad social que resulte sustentable y se base en reglas institucionales que debieran ser pensadas para preservar en el tiempo”. Y resumió: “Desde hace décadas las cuentas no cierran, con más gastos que ingresos, el sistema ha incrementado su déficit año tras año, que debió ser cubierto con recursos de los impuestos”.