Jubilados cobrarían 13% desde octubre

El gobierno mantendría la posibilidad de pagar en efectivo o con un bono de liquidación inmediata en el último trimestre de 2002 el incremento del 13 por ciento a una franja importante de jubilados que cobren entre 500 y 800 pesos mensuales. Esta posibilidad quedó ayer consagrada en el texto definitivo del decreto que por la noche terminaron de firmar Eduardo Duhalde y su gabinete, y que reglamenta la forma en que se cumplirá con el aumento del 13 por ciento en los salarios públicos y haberes de jubilados. Además de esta novedad, dentro de este decreto, y tal como adelantó ayer este diario, quedará definido que la forma en que se cumplirá con el pago retroactivo del 13 por ciento para el período junio 2001-diciembre 2002 será negociado de manera independiente desde hoy entre Economía y Trabajo, ambos coordinados por la jefatura de Gabinete que dirige Alfredo Atanasof. El ministerio que maneja Roberto Lavagna se ocupará de definir la fórmula para devolver al retroactivo a los empleados de la administración pública nacional. La cartera de Graciela Camaño es la que se ocupará de analizar la situación de los jubilados.

Duhalde consiguió ayer ganarles a los tiempos jurídicos y conseguir que Lavagna y Camaño firmen el decreto que hoy será publicado en el Boletín Oficial comenzando a tener vigencia inmediata. La necesidad que aparezca hoy no es gratuita. Hasta ayer no había ingresado en el Poder Ejecutivo la decisión judicial de restablecer el pago del 13 por ciento inmediatamente. Como el decreto del gobierno aparecerá entonces antes que esta notificación, privaría jurídicamente la norma del Ejecutivo. Por otro lado, según la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el nuevo decreto podría ser avalado constitucionalmente, ya que la liquidación del retroactivo del período junio 2001-diciembre 2003 con títulos públicos cumpliría con tres condiciones que reclamó la Corte Suprema al dictar como inconstitucional la reducción del 13 por ciento. Estos tres puntos, que deberían ser respetados en la reglamentación futura de los bonos para cumplir con el retroactivo, serían: a) preservar el poder adquisitivo de la reducción más una compensación; b) que sea de entrega inmediata (se podría esperar hasta enero de 2003) y c) que los bonos tengan una duración razonable (no más de cinco o seis años). El constitucionalista Gregorio Badeni, uno de los que mejor interpreta a la Corte Suprema en sus fallos, coincidió con los tres puntos que debería respetar la reglamentación de los bonos y le agregó un cuarto: que los bonos puedan ser comercializados. Para Bade-ni estos títulos podrían ser aplicados tanto a los empleados públicos como a los jubilados, siempre que haya alguna salvedad para el caso concreto de imperiosa necesidad alimentaria.

El decreto firmado ayer por Duhalde consta de seis artículos de fondo más un anexo y considerandos, donde el gobierno puso especial énfasis en garantizar la justificación legal de la medida, especialmente en lo que se refiere al pago del retroactivo entre junio 2001-diciembre 2002.

• Contenido

Parte del contenido de la norma que sería firmado hoy y al que tuvo acceso en exclusiva este diario, es el siguiente.

• Considerandos. Se mencionan las justificaciones legales que llevan a poner en práctica este decreto. En concreto se habla de la excepcionalidad de la medida, su temporalidad y que en ningún momento se trata del reemplazo del carácter de retribución del salario. La necesidad de aclarar estos tres conceptos parten de que sería la única forma que la Justicia no declare inconstitucional la aplicación de un título público para el retroactivo hasta diciembre de 2002. Precisamente la falta de estas aclaraciones son las que habrían llevado a que la Corte declare inconstitucional la reducción del 13 por ciento.