Jueces piden precisión sobre penas por lavado

La aplicación de la denominada ley de lavado de dinero, en realidad su denominación jurídica es Ley de Blanqueo de Activos Financieros, generó ayer distintas interpretaciones en los tribunales a raíz de la polémica que se ha levantado luego de las denuncias generalizadas de los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez. No faltaron algunos jueces que le exigieron al Poder Ejecutivo una mayor precisión en la redacción del decreto reglamentario porque hasta el momento -según su criterio- las únicas calificaciones que merecen una condena penal son aquellas operaciones donde el origen del dinero proviene del narcotráfico, venta ilegal de armas, tráfico de menores y de órganos y ejercicio de la prostitución, o sea delitos ya tipificados en el Código Penal. Pero esas expresiones sostienen que para el resto de los fondos que se transfieren al exterior sin declarar su origen, lo máximo que podría caberle es una sanción por evasión penal.

Estas opiniones fueron refutadas desde el Ministerio de Justicia para quien una ley penal desde el momento de su sanción ya tiene aplicación efectiva y no es imprescindible el decreto reglamentario, pero que -en este caso específico- con la creación y puesta en marcha de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) se precisaron los alcances en que la transferencia de fondos es punible penalmente y las obligaciones que tienen las personas -físicas y jurídicasde declarar los movimientos de sus activos financieros.

Los jueces también entienden que debe ajustarse el convenio de Asociación Recíproca en materia penal. Porque los mismos requerimientos que, ahora, hicieron Carrió y Gutiérrez en base a información que ya se encontraba en los juzgados argentinos, fueron formulados hace dos o tres años por distintos magistrados argentinos -María Servini de Cubría, Adolfo Bagnasco, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y Gustavo Literas- sin recibir ninguna respuesta por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Citibank NY en el caso concreto de la investigación IBM-Banco Nación. Esta liviandad informativa por parte del gobierno norteamericano, le fue reclamada por los jueces federales a altos funcionarios de la embajada de ese país en Buenos Aires.