El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky citó para el próximo lunes 27 al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con el fin de que fundamente y aporte pruebas en relación con el pedido hecho por el funcionario para que se aplique la pena de arresto a autoridades de Shell por presunto desabastecimiento de gasoil.
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Moreno formalizó ya más de 25 denuncias en la Justicia, correspondientes a la mayoría de las 28 multas aplicadas a la filial local de la petrolera en diciembre de 2006 y en julio pasado. En una última presentación, el secretario pidió el arresto de las autoridades de la compañía, aparentemente con el argumento de que persistían en la infracción. Con esta actitud, Moreno esperaría obtener algún beneficio político, aunque tampoco puede descartarse que haya algún interés para que la empresa angloholandesa abandone finalmente el país y malvenda sus activos locales.
En medios judiciales se consideró que «la Ley de Abastecimiento no está reglamentada, por lo cual no se sabe cómo aplicar las multas». Por su parte, Shell ya desde 2006 cuestionó la aplicación de esa norma, dictada en 1974, considerando que la misma no está vigente.
La ley fue derogada por el Congreso en 1991 pero quedó en pie un artículo que habilita al Poder Ejecutivo «a dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución o producción». Los artículos referidos a las penalizaciones entraron dentro de la derogación, pero paradójicamente el monto en pesos de las mismas fue actualizado en 2002 por decreto del ex presidente Eduardo Duhalde .
Con relación a las 28 multas por 1 millón de pesos cada una que Moreno le aplicó a Shell, la empresa depositó el título de propiedad de una estación de servicio en garantía, pero no las pagó y las está apelando en la Justicia.
Las multas de Moreno se basan en la Resolución 25 dictada por la Secretaría a su cargo en setiembre de 2006 y fundada en la Ley de Abastecimiento, por la cual cada petrolera está obligada a entregar al mercado local la misma cantidad de gasoil que el año anterior más un coeficiente relacionado con la evolución del PBI.
El presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, dijo cuando se conocieron las últimas multas que «la Resolución 25 no menciona que debe haber combustible en forma permanente en todas las estaciones, sino que en cada período se debe comercializar determinada cantidad de gasoil».
Fuentes cercanas al juez Aguinsky dijeron que «debería haber un juicio correccional por cada multa». También indicaron que recién podría iniciarse un juicio si Moreno aporta las pruebas requeridas para justificar el arresto de directivos de Shell.
Por otra parte, en el caso de que no se dicte la nulidad de las denuncias o no prospere un recurso de amparo presentado por Shell para que no se le aplique la Ley de Abastecimiento, un juicio recién podría iniciarse en 90 días hábiles, y una supuesta prisión recién se podría dictar, si es que hay fundamentos y pruebas, a fin de año o en febrero.
«Hay que descartar la idea de que fácilmentese puede decidir una prisión», dijeron en medios de Tribunales para contrarrestar trascendidos de que se podría arrestar a las autoridades de Shell por un pedido del gobierno.
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