El despacho del juez neoyorquino Thomas Griesa será nuevamente escenario de un encuentro entre acreedores y abogados del gobierno argentino. Salvo cambio de último momento, para hoy está previsto que el fondo de inversión alemán Urban, que presentó una «acción de clase» contra la Argentina, explique qué desea comunicar sobre la oferta a todos los bonistas.
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Esta fue la condición que impuso Griesa la semana pasada para no trabar la oferta que está tratando de llevar adelante la Argentina para salir del default. Le permitió al equipo económico que continúe con el proceso, pero le abrió la puerta a Urban para que brinde información adicional a los bonistas.
Ahora, este fondo y los abogados de la Argentina (el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) deberán ponerse de acuerdo respecto de las características que se incluiría en este mensaje. La intención del fondo -que estará representado en la audiencia por el abogado Ralph Stone-es explicarles a los acreedores cuáles son las opciones si no entran al canje. «No es cierto, como asegura el gobierno, que quienes no acepten esta oferta no cobrarán nada. Hay muchas alternativas que el equipo económico se niega a informar», aseguran fuentes vinculadas a este fondo alemán.
• Intención
Las partes intervinientes no descartaban que el juez pueda definir un freno al canje internacional, pese a que la semana pasada lo negó. Esto ocurriría si considera que los abogados argentinos no colaboran con los pedidos de los acreedores. La decisión ahora pasa a un segundo plano ya que la oferta está de hecho suspendida fuera de la Argentina por culpa de problemas técnicos. La intención de Urban es que las explicaciones adicionales a los bonistas salgan incluidasen el prospecto. Sin embargo, el gobierno se niega a este pedido y buscará acotar todo lo posible las aclaraciones adicionales que se dará a los acreedores.
La acción de clase se da cuando un acreedor entabla una demanda en representación de todos los afectados por un evento determinado, en este caso el default. Urban representa a todos aquellos acreedores que tienen la misma serie de bonos que están en su cartera.
Según la legislación estadounidense, las acciones de clase deben ser dirimidas a través de la Justicia.
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