El Juzgado Federal Civil y Comercial Nø 6, a cargo del doctor Francisco de Asís Soto, dispuso hoy la inhibición general de bienes de la rescindida Aguas Argentinas S.A. hasta un monto de 500 millones de pesos, que había solicitado el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
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El magistrado dispuso además librar oficios para comunicar al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
En un comunicado de la Defensoría del Pueblo, se señala que la presentación del ombudsman buscó "salvaguardar los intereses de los ciudadanos que se han visto perjudicados por el accionar de Aguas Argentinas SA".
En el mismo se agrega que "se trata de miles de ciudadanos que, ya sea por vía administrativa y/o judicial, vienen haciendo sus reclamos y que el único mecanismo para que estos usuarios vean resarcidos sus derechos es que los bienes y cuentas de la empresa Aguas Argentinas S.A. sean inhibidos". Precisamente, ha sido en función de estos derechos colectivos afectados que el Defensor del Pueblo de la Nación se había presentado ante la justicia, destacando que la medida se debe disponer con urgencia, antes que el estado patrimonial de Aguas Argentinas SA -su pasivo contingente- se diluya.
El Poder Ejecutivo Nacional rescindió el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez, por considerar que no había cumplido con las inversiones previstas, y creó la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) para cubrir el servicio en la Capital Federal y 17 partidos del Gran Buenos Aires.
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