Kirchner llega hoy a París, donde le aguarda una agenda difícil, cuyo eje tácito es el conflicto entre la Argentina y el FMI. En la reunión que tendrá mañana con el presidente Chirac, le expondrá un proyecto que lleva en sus maletas: la creación de un fuero judicial específico para el tratamiento de los problemas con las empresas de servicios. Dos de ellas son de origen galo, Aguas Argentinas y Edenor, que siguen reclamando por la actualización de tarifas. El proyecto busca mejorarlas seguridades para el inversor extranjero. Sin embargo, voltearía los laudos del CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial en el que estas empresas radicaron denuncias por tarifas.Un conflicto que afecta a las relaciones entre Lavagna y De Vido al no haber prosperado la renegociación de los contratos y las empresas no haber retirado sus reclamos.
Néstor Kirchner llega hoy a París para desarrollar una agenda bastante exigente, que tiene como eje central, aunque tácito, el problema de las relaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. En efecto, fue el gobierno de Jacques Chirac, a través de su representante en el Fondo, el que se movió de manera más decisiva en junio del año pasado para que en ese organismo no se aprobaran las metas del programa seguido por la Argentina y se suspendieran las negociaciones. ¿Cuál era la razón de esa dureza francesa? Las hostilidades cruzadas entre el gobierno y las compañías con origen en ese país, sobre todo dos concesionarias de servicios públicos, Aguas Argentinas (grupo Suez) y Edenor (Electricité de France). Esas dos empresas demandaron al país ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Se quejaron del retraso tarifario que deviene de la pesificación de sus ingresos y que el Estado promete, desde hace tres años, negociar bajo la forma de nuevos contratos. Hoy la relación con esas empresas, se podría decir, empeoró. No sólo porque la renegociación no se llevó a cabo (algo que entristece más la relación de Roberto Lavagna con Julio De Vido, quienes integran la comitiva de Kirchner) sino también porque las compañías no retiraron sus reclamos en el CIADI. Las multas que se aplicaron la semana pasada por la deficiencia en algunas prestaciones complicaron más el clima. El Presidente lo sabe bien porque hasta le comentaron que una de esas empresas, la de aguas, pensó en retirarse la semana pasada.
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Para este entramado de malestar y estrategias cruzadas, el Presidente lleva en la maleta un proyecto que anoche, hasta última hora, estudiaba en su despacho porteño Alberto Fernández. El jefe de Gabinete deberá determinar antes de que Kirchner se entreviste con Jacques Chirac y con los titulares de las principales compañías si esa iniciativa tiene viabilidad técnica o no. ¿En qué consiste el plan? Se trata de crear un nuevo fuero, el de los Tribunales Administrativos de Servicios Públicos con competencia nacional. Varias veces se insinuó esta idea, sobre todo de parte de algunos empresarios con antecedentes jurídicos (el caso de Juan Carlos Cassagne,por ejemplo) y también de funcionarios del gobierno (el experto en esta materia dentro del gabinete es el ministro de Justicia, Horacio Rosatti). La especie fue confirmada al ser consultado un experto administrativista de la Universidad Austral.
La pretensión de constituir un fuero específico para cuestiones de servicios públicos con alcance nacional pretende ser presentada ante las empresas como un mejor umbral de garantías para las inversiones. Se contaría con jueces especializados en una materia a veces muy específica y se le garantizaría a las compañías un campo de litigio determinado previamente. No como ahora, cuando un juez de Misiones puede dictar una medida de no innovar para prestaciones que se realizan en Florencio Varela, como ha sucedido.
Pero esta mejor calidad institucional que se abre a las compañías, el Estado y los consumidores para que diriman sus controversias, es un arma de doble filo. Estos tribunales podrían tener también entre sus funciones la de revisar los laudos arbitrales que se produzcan en el CIADI o en otros juzgados en el que las empresas planteen sus presuntos agravios. El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, lo advirtió esta semana cuando dijo que el Estado podría perder arbitrajes por sumas que equivalen a un presupuesto completo del Estado nacional. Si este proyecto avanza, entonces, lo que Kirchner expondrá delante de los franceses será una limitación para los tratados de protección de inversiones que permitieron fijar al CIADI o a otros tribunales extranjeros (los ordinarios de Nueva York, como el de Thomas Griesa, en el caso de los títulos de la deuda pública, por ejemplo) para reclamar por incumplimientos del Estado. Esta perspectiva empeoraría, claro, las relaciones bilaterales en las que estas inversiones se desarrollan.
• Tarifas
Además de discutir esta iniciativa, los funcionarios argentinos ofrecerán sin duda a los empresarios franceses lo que ya se les propuso a los españoles durante el viaje de Fernández a Madrid, el mes pasado: un cronograma que desemboque en un ajuste tarifario para después de las elecciones de octubre.
Kirchner se verá con Chirac, con quien no se entrevista desde 2003. No se vio con él durante la visita a la Asamblea de la ONU de setiembre del año pasado, a pesar de que el francés copatrocinó un plan internacional contra el hambre propuesto por Lula da Silva, de Brasil. También se encontrará con el secretario general del Partido Socialista, François Hollande. Además de dictar una conferencia en el marco de un programa organizado por el Quai d'Orsay y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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