La Corte avaló la división de deudores bancarios en distintas categorías

La Corte Suprema de la Nación consideró que la división de deudores en distintas categorías con el fin de la cancelación de deudas no viola el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Así lo resolvió el máximo tribunal al decidir sobre la validez del decreto 1387/01, que estuvo vigente solo por unos meses, hasta marzo de 2002.

La norma preveía que los deudores de entidades financieras que se encontrasen en situaciones de cumplimiento deficiente de sus obligaciones, pero que estuvieran "al día" con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), podían pagar con títulos de la deuda pública computados a su valor técnico.

Los deudores que, por cumplir con sus obligaciones, estaban mejor clasificados, solo podían acceder a esa posibilidad si la entidad bancaria prestaba previamente su conformidad.

La oficina de prensa de la Corte recordó que en aquella época esos títulos podían adquirirse en los mercados a un precio muy inferior al valor técnico.

Algunos deudores, que tenían buena calificación pero no obtuvieron la conformidad bancaria, promovieron demandas judiciales argumentando que ese régimen de cancelación de deudas violaba el principio constitucional de igualdad.

La mayoría de los miembros de la Corte sostuvo, en cambio, que la garantía de igualdad se aplica a quienes se encuentran en las mismas circunstancias, de manera que cuando éstas son distintas nada impide un trato diferente.

El supremo tribunal señaló que con el decreto 1387/01 se procuró reactivar al sector privado que estaba "seriamente afectado" por las dificultades del financiamiento y contribuir a la superación de la emergencia por la que entonces se atravesaba.

La Corte expuso que era coherente que la medida haya tenido especialmente en cuenta a quienes habían caído en importantes atrasos en los pagos, cuya situación podía considerarse irreversible en el contexto de una crisis económica de extraordinaria gravedad.

El voto que prevaleció fue firmado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, mientras que en disidencia lo hicieron Elena Highton y Raúl Zaffaroni.