Una nueva resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece mayores exigencias de trazabilidad, confidencialidad y uso de sistemas electrónicos. Apunta a fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Con este cambio, el Ejecutivo busca fortalecer la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta frente a operaciones sospechosas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó un nuevo esquema para el intercambio de información entre organismos nacionales y entidades equivalentes del exterior, con el objetivo de prevenir y detectar delitos económicos complejos.
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La medida, formalizada a través de la resolución 35/2026, deja sin efecto la normativa vigente desde diciembre pasado y redefine los mecanismos de cooperación en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El nuevo marco regula la articulación con organismos como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, considerados autoridades de control específicas.
Estas entidades podrán intercambiar información de forma directa entre sí y con organismos extranjeros, siempre que cuenten con facultades para identificar operaciones sospechosas.
Uno de los ejes centrales de la normativa es que todo el flujo de datos deberá realizarse mediante sistemas de gestión documental electrónica, bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.
Además, la UIF podrá requerir información sobre los intercambios realizados, solicitar datos con fines estadísticos y supervisar el cumplimiento de los procedimientos. La información compartida solo podrá utilizarse para los fines para los que fue requerida y no podrá ser transferida a terceros sin autorización.
El esquema también fija condiciones para los pedidos de información, que deberán detallar el motivo, el tipo de datos solicitados y el nivel de urgencia, siempre sobre información disponible en cada organismo.
La resolución incorpora además las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como marco de referencia y habilita la firma de acuerdos o memorandos de entendimiento entre entidades para profundizar la cooperación.
La normativa fue suscripta por las autoridades actuales del organismo, en un contexto en el que aún no se designó un nuevo titular tras la salida de Paul Starc. En paralelo, el Gobierno impulsa la designación de nuevas autoridades para conducir la UIF.
Con este cambio, el Ejecutivo busca fortalecer la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta frente a operaciones sospechosas, en línea con estándares internacionales de control financiero.
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