El ministro de la Producción, Aníbal Fernández, anunciará hoy en la Casa de Gobierno el proyecto de ley que prevé alentar el uso del GNC (gas natural comprimido) mediante una carga impositiva significativamente inferior a la de los combustibles líquidos por un período de 8 a 15 años.
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La iniciativa ya fue cuestionada en duros términos por las empresas petroleras y por las automotrices. Las primeras, porque afirman que una nueva distorsión impositiva conspirará contra la industria refinadora y generará una gran pérdida de ingresos para el Estado; y la industria automotriz, porque afirma que el Estado no puede cambiar repentinamente de política, en alusión a que, en los últimos años, también mediante menores impuestos, se alentó el consumo de autos gasoleros.
El proyecto elaborado por el diputado Osvaldo Rial y el Ministerio de la Producción promueve la transformación en ocho años del parque automotor del transporte de pasajeros y de carga, con el argumento de que el costo operativo de la actividad bajaría notablemente.
Para facilitar que las empresas de transporte de pasajeros y de carga puedan encarar la conversión, el proyecto de ley prevé la formación de fondos fiduciarios especiales, cuyo origen todavía no fue precisado. El proyecto de ley facilitaría el acceso a la reconversión de automotores y motores y aseguraría por 15 años un impuesto no superior en 21% al que grave al gasoil.
Según los impulsores de la iniciativa, en el mediano plazo se concretaría la transformación de los 40.000 colectivos y los 360.000 camiones que circulan en todo el país, partiendo de foco de unidades cercanas a las 10.000 iniciales.
El proyecto resulta por lo menos llamativo por el costo de la reconversión para el conjunto de la economía, cuando los expertos creen que el uso del gas natural sólo resultaría imprescindible en las zonas de mayor polución, como la Capital Federal, y plantean una reconversión gradual.
Según un estudio de la Cámara de la Industria del Petróleo, el plan de Fernández implica una pérdida de recaudación fiscal acumulada en 8 años de $ 6.054 millones, que se pretenden financiar, según el proyecto oficial, con $ 3.895 millones por retenciones a la exportación de gasoil (cuyo consumo disminuiría internamente).
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