Desde ayer LAPA no opera y desde el jueves no emite pasajes, esperándose que en las próximas horas pida su propia quiebra. El problema no es sencillo para el gobierno a cuatro días de las elecciones, porque los accionistas están públicamente peleados y no dejan espacio para negociar la continuidad de la compañía. En tanto, la Fuerza Aérea se vio obligada ayer a desviar hacia una pista alternativa un avión que estaba a punto de aterrizar cuando
unos 200 trabajadores ocuparon la pista principal del Aeroparque para protestar por el virtual cierre de
la empresa. Las imágenes del episodio tuvieron una fuerte repercusión por los riesgos que se corrieron.
Los principales accionistas de LAPA son tres: la empresa boliviana de aviación, Aerosur, con 43% de las acciones y Mario Folchi, que, según se afirma, tomó 22% del paquete en representación de los bolivianos que no pueden por ley tener más de 49% del capital de una empresa aérea local. La relación de Folchi con Aerosur habría comenzado porque su hermano era el representante de la compañía en Buenos Aires. El tercer socio es Ricardo Arena con alrededor de 23% de las acciones. Arena es, en apariencia, el que representa a las acciones que le quedaron a Eduardo Eurnekian en LAPA, cuando por una decisión de la Secretaría de Defensa de la Competencia debió vender la empresa, por ser incompatible con su rol de accionista mayoritario en Aeropuertos Argentina 2000.
Los allegados a Eurnekian dicen que Arena después tomó vuelo propio. En apariencia, algo similar habría ocurrido entre Folchi y los bolivianos. Estas desavenencias explican que el gobierno no tenga interlocutor para acordar un plan para, al menos, postergar la quiebra hasta después de las elecciones.
Si la empresa cesa, se rematarán todos los bienes y se pagará a los acreedores en función del orden de privilegios que establece la ley de quiebras.
