Un accionista de la empresa dijo ayer que podía pedir la quiebra. Anoche, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial ordenó un diagrama de emergencia para orientar a otras compañías a 1.300 pasajeros. No se descarta que hoy se repitan situaciones caóticas en el Aeroparque metropolitano.
Según trascendidos confiables, las empresas como Southern Winds, Aerolíneas Argentinas, American Falcon y LADE, aceptaron trasladar a los pasajeros, pero pueden surgir inconvenientes porque al conocerse que la empresa podría pedir la quiebra, no podrán cobrar los pasajes de los que se hagan cargo.
Por otra parte, el personal deliberaba anoche sobre las medidas de fuerza a adoptar, luego de una frustrada reunión con la subsecretaria de Transporte Aéreo, Alba Thomas Hatti, un representante del Ministerio de Trabajo, los gremios, y algunos de los accionistas de LAPA.
El sindicato presidido por Ariel Basteiro, que agrupa al personal administrativo, planteó ayer que podría impedir el acceso al Aeroparque, ante la dificultad oficial para encontrar una solución, por las discrepancias entre los propios accionistas de LAPA.
Esta empresa pertenece a Aerosur, una empresa boliviana de aviación, y a varias personas argentinas, entre ellas Mario Folchi, quien fue abogado de Eduardo Eurnekian, antes de que éste vendiera la compañía.
Lo llamativo es que Folchi renunció a la presidencia el miércoles pasado a la noche, cuando los bolivianos parecían haber decidido abandonar la empresa. La renuncia no le fue aceptada, y ayer, según afirman los que estuvieron en la reunión, Folchi se presentó con un escribano y dijo que estaba decidido a pedir la quiebra de LAPA.
Según fuentes gremiales, Folchi además echó del directorio a Horacio Grundy que representa a Aerosur. Pero lo más confuso de todo es que los representantes bolivianos habrían dicho que pondrían capital de trabajo, si el gobierno firmaba el decreto poniendo en práctica un subsidio para el combustible de aviación.
Si esto fuera así, se confirmaría la hipótesis de que los bolivianos actuaron en Semana Santa no aportando dinero para combustible, con el objetivo de presionar al gobierno para conseguir el decreto.
Pero aun en el sector del gobierno más proclive a dar el subsidio, aunque sea por 30 días, cundía ayer la desesperación por la inconveniencia de subsidiar a una empresa que puede declarar su quiebra, y cuyo directorio no tiene mínimos acuerdos. En algún momento de la tarde, el conflicto llegó a plantearse así: los bolivianos dijeron que pondrían dinero si el gobierno firmaba el decreto, y el gobierno dijo que daría el subsidio cuando los accionistas pusieran fondos para el capital de trabajo.
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